Una comisión evaluadora revisa 26 exámenes tras las quejas de varios aspirantes y detecta tres o más fallos en seis casos. Educación cumple así con varias sentencias judiciales.

Seis docentes que accedieron a una plaza de funcionario tras la oferta de empleo público de 2007 perderán su plaza por haber cometido tres o más faltas de ortografía en los exámenes. La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha comunicado ya a los seis afectados la decisión, que es el resultado de varias sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y ratificadas por el Tribunal Supremo.

Las oposiciones al cuerpo de maestros de 2007 han estado envueltas en polémica desde que se celebraron. El proceso selectivo fue paralizado por el Gobierno canario tras las quejas de varios aspirantes, que consideraban ilegal que los tribunales de oposiciones tuvieran una "guía" donde se estipulaba un número máximo de aprobados acorde con las plazas totales ofertadas. Educación obligó entonces a corregir de nuevo los exámenes y a repetir una parte de las pruebas, lo que desató la indignación entre quienes ya habían obtenido plaza.

Como resultado de estos recursos, en 2009 hubo cinco participantes que lograron plaza a pesar de haber suspendido en primera instancia. Pero la controversia, lejos de apagarse, siguió. Ahora, tras distintos recursos y varias revisiones de exámenes, hay una "sentencia firme", explica la propia Consejería, que ya ha comunicado la decisión a los trabajadores. "Los tribunales han fallado y no hay margen", explican fuentes de la Administración. La Dirección General de Personal tuvo que entregar un total de 26 exámenes a una comisión evaluadora, que corrigió cada prueba y comprobó que seis superaban el tope de faltas.

La norma establece que una prueba con ese número de errores tiene una puntuación de cero, lo que modifica la calificación total del aspirante y lo deja fuera de la lista de adjudicatarios. La Consejería insiste en que la decisión es consecuencia de una sentencia judicial que tendrá efectos en las listas de docentes, pero que no ha podido evitarlo a pesar de los recursos interpuestos para tal efecto.

La Dirección General de Personal admite que "nada le habría gustado más que haber evitado esta decisión", pero que están "obligados por el Poder Judicial y por la Ley a cumplir las sentencias en las que se condena a esta administración". Por último, este servicio señala que es su deber "atender a los derechos de aquellos que, en virtud de la sentencia, podrían resultar seleccionados en aquel proceso selectivo".

Ahora, explica Educación, "se inicia de este modo un camino que ha de conducir a la pérdida por su parte de la condición de funcionario docente de carrera del Cupero de Maestros". Las consecuencias de este nuevo cambio se sentirán también sobre las listas de interinos y sustitutos que conforman todos aquellos que se presentaron a las oposiciones y no consiguieron plaza.