Política
SUSPENSO AL PACTO EDUCATIVO PSOE-CIUDADANOS DESDE LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA DE LA PÚBLICA
La Asociación Yo Estudié en la Pública rechaza el borrador del acuerdo entre los de Pedro Sánchez y los de Albert Rivera.
Con la firma del acuerdo PSOE- Ciudadanos, la Educación Pública sigue amenazada. Así lo ha valorado hoy la Asociación Yo Estudié en la Pública, que tras analizar la parte del documento que se refiere a la educación, se han mostrado extremadamente preocupada al comprobar que Ciudadanos ha logrado llevar a su terreno el debate de la educación. Y es que, como recuerda la asociación, el programa del partido de Ciudadanos está en manos del economista Luis Garicano, uno de los autores del blog “Nada es Gratis” y quién promueve “adaptar lo que se aprende a las necesidades del mercado”.
Desde Yo Estudié en la Pública señalan algunos puntos del pacto PSOE-Ciudadanos que incurren en generalidades o inconcreciones que amenazan los pilares democráticos de la Educación Pública:
No derogan la LOMCE. En su lugar se lee: “Se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en los aspectos que no hayan entrado en vigor”. Redacción que, para Yo Estudié en la Pública puede estar anticipando un lavado de cara de la ley en sus aspectos más controvertidos y de mayor rechazo social (reválidas, asignatura de religión evaluable) para alcanzar un pacto educativo, con lo que sobreviva de la ley.
Se menciona la voluntad de llegar a un pacto social y político por la educación, pero estableciendo el escaso margen de seis meses. Algo que esta asociación considera claramente insuficiente "si lo que realmente se quiere son consensos que se mantengan en el tiempo entre agentes sociales y educativos".
Otro de los puntos que consideran controvertido desde esta asociación es el proyecto de implantación en todo el Estado del modelo bilingüe (trilingüe en las comunidades con dos lenguas oficiales) "cuya avanzadilla en la Comunidad de Madrid ha dejado patente, además de su fracaso, su 'virtud' segregadora".
El “espíritu emprendedor” se elevará, según el acuerdo, "a competencia básica". Para Yo estudié en la Pública, esto se desarrolla "en la línea de la educación neoliberal", como recuerdan un eje del programa de Ciudadanos. "Nos parecen mucho más elementales y urgentes competencias como la solidaridad o la sensibilidad medioambiental, de las que no hay ni rastro en el documento", explican desde esta Asociación.
Otro de los aspectos que "sobreviven" de la Lomce en el documento es la evaluación de centros que derivan en la salvaje competitividad y establecimiento de rankings, uno de los aspectos más criticados de la Ley Wert, que el pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos no tocaría.
La plataforma termina el comunicado advirtiendo que, “Asustan los fundamentos de este documento. Anticipa un impulso contrario a esa educación pública, inclusiva, ecologista, multicultural, laica, y democrática que llevamos tiempo defendiendo. Decimos no al documento del pacto entre PSOE-Ciudadanos”
Ver más
Con la firma del acuerdo PSOE- Ciudadanos, la Educación Pública sigue amenazada. Así lo ha valorado hoy la Asociación Yo Estudié en la Pública, que tras analizar la parte del documento que se refiere a la educación, se han mostrado extremadamente preocupada al comprobar que Ciudadanos ha logrado llevar a su terreno el debate de la educación. Y es que, como recuerda la asociación, el programa del partido de Ciudadanos está en manos del economista Luis Garicano, uno de los autores del blog “Nada es Gratis” y quién promueve “adaptar lo que se aprende a las necesidades del mercado”.
Desde Yo Estudié en la Pública señalan algunos puntos del pacto PSOE-Ciudadanos que incurren en generalidades o inconcreciones que amenazan los pilares democráticos de la Educación Pública:
No derogan la LOMCE. En su lugar se lee: “Se paralizará con carácter inmediato el calendario de implantación de la LOMCE en los aspectos que no hayan entrado en vigor”. Redacción que, para Yo Estudié en la Pública puede estar anticipando un lavado de cara de la ley en sus aspectos más controvertidos y de mayor rechazo social (reválidas, asignatura de religión evaluable) para alcanzar un pacto educativo, con lo que sobreviva de la ley.
Se menciona la voluntad de llegar a un pacto social y político por la educación, pero estableciendo el escaso margen de seis meses. Algo que esta asociación considera claramente insuficiente "si lo que realmente se quiere son consensos que se mantengan en el tiempo entre agentes sociales y educativos".
Otro de los puntos que consideran controvertido desde esta asociación es el proyecto de implantación en todo el Estado del modelo bilingüe (trilingüe en las comunidades con dos lenguas oficiales) "cuya avanzadilla en la Comunidad de Madrid ha dejado patente, además de su fracaso, su 'virtud' segregadora".
El “espíritu emprendedor” se elevará, según el acuerdo, "a competencia básica". Para Yo estudié en la Pública, esto se desarrolla "en la línea de la educación neoliberal", como recuerdan un eje del programa de Ciudadanos. "Nos parecen mucho más elementales y urgentes competencias como la solidaridad o la sensibilidad medioambiental, de las que no hay ni rastro en el documento", explican desde esta Asociación.
Otro de los aspectos que "sobreviven" de la Lomce en el documento es la evaluación de centros que derivan en la salvaje competitividad y establecimiento de rankings, uno de los aspectos más criticados de la Ley Wert, que el pacto firmado entre PSOE y Ciudadanos no tocaría.
La plataforma termina el comunicado advirtiendo que, “Asustan los fundamentos de este documento. Anticipa un impulso contrario a esa educación pública, inclusiva, ecologista, multicultural, laica, y democrática que llevamos tiempo defendiendo. Decimos no al documento del pacto entre PSOE-Ciudadanos”
Política
EL MAESTRO A QUIEN EL FRANQUISMO SEPARÓ DE LA PROFESIÓN Y SE VENGÓ DANDO CLASES HASTA LOS 96 AÑOS
José Castaño fue víctima de las depuraciones a maestros republicanos. Pasó dos años y medio en la cárcel y no ejerció hasta el año en que murió Franco. Tiene 98 años y ahora un colegio lleva su nombre en Murcia.
José Castaño solo llevaba unos meses ejerciendo de maestro cuando al término de la Guerra Civil fue detenido y condenado a 30 años de cárcel en Murcia. Finalmente pudo salir en libertad dos años y medio más tarde, pero el régimen franquista le impidió que volviera a impartir clases.
Tras aquel paréntesis obligado de 36 años, José Castaño volvió a las aulas en 1975, el año en el que murió Franco. Y, a partir de entonces, para sacarse la espina de su inhabilitación forzosa, acudió diariamente a un colegio para dar clases hasta los 96 años, cuando tuvo que abandonarlo definitivamente por culpa de una caída. Ahora, con 98 años, nos cuenta su historia, porque, según dice, "recordar casos como el mío nos ayudará a superar los odios y los rencores".
1 - En la cárcel
En el año 1935, José Castaño comenzó los estudios de Magisterio en Murcia. Pero, como tantos otros proyectos vitales, la Guerra Civil se metió en medio. José Castaño luchó durante un tiempo en el frente de Teruel, aunque, según cuenta, nunca llegó a pegar un disparo, ya que le tocó ocuparse de las transmisiones.
De vuelta en Murcia siguió sus estudios para ser maestro y empezó a ejercer su trabajo, pero no duró muchos meses porque la policía franquista le detuvo. Lo sentenciaron por adhesión a la rebelión, al haber desempeñado cargos en la Federación Universitaria Escolar, un sindicato de estudiantes universitarios, y al haber militado en otras organizaciones afines a la República."Pero en realidad podían condenarte por cualquier cosa, ya que entonces no eran muy escrupulosos con las garantías judiciales", sostiene.
José Castaño corrió la misma suerte que muchos otros maestros republicanos. Su primera noche en la cárcel de Murcia, José Castaño compartió colchón, debido al hacinamiento, con otro maestro, Javier Paulino Torres, que también estaba preso. Y allí también estaba Fernando Piñuela Romero, que había sido alcalde de Murcia y maestro de José Castaño, y que murió fusilado en 1939.
Efectivamente, los maestros republicanos fueron muy perseguidos durante el régimen franquista, porque se les consideraba representantes de los ideales de la República y portadores de ideas peligrosas. En una circular, José María Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza franquista, los llamó "envenenadores del alma popular".
Esto se tradujo en un proceso de depuración del profesorado que cobró muchas formas: algunos pudieron seguir ejerciendo, otros fueron separados de su cargo o trasladados a otra provincia e incluso algunos fueron fusilados, como el mencionado Piñuela Romero. En su tesis La Depuración del Magisterio Nacional, Morente Valero contabilizó hasta 60.000 maestros depurados.
Durante su estancia en la cárcel, José Castaño dio clases a reclusos analfabetos y organizó un curso de geografía. Serían sus últimas clases hasta el año 1975.
José Castaño recuerda perfectamente el momento en que le comunicaron su liberación: "Estaba en el patio de la cárcel leyendo La ilustre fregona, de Miguel de Cervantes. Entonces se acercó un guardia y me dijo que podía marcharme. Yo le dije que lo sentía, pero que no podía dejar a medias un libro de Cervantes", rememora ahora entre risas.
2 - Después de la cárcel
Aunque ya en libertad, José Castaño arrastró una segunda condena: su pasado en prisión le inhabilitaba para ejercer como maestro y le afectó en otras facetas de su vida cotidiana.
Por ejemplo, recuerda cuando fue a solicitar su pasaporte para visitar a un hermano que vivía exiliado en Francia. Aunque al final se lo concedieron, tardaron muchísimo en gestionarlo. José Castaño comprendió la razón al leer lo que habían escrito en el reverso de su expediente: "Elemento rojo peligroso".
Otra de las situaciones a las que José Castaño tuvo que hacer frente fue a la de cruzarse a menudo con la persona que había firmado las denuncias que le condujeron a prisión.
Estos casos ilustran aquello que Dionisio Ridruejo denominó "una presión social indirecta e incruenta consistente en una particular sensación de entredicho", la cual sufrieron muchos republicanos durante el franquismo.
En los años siguientes José Castaño tuvo que ganarse la vida como cobrador de morosos, empleado de obras públicas, comercial, oficinista... Y así fue hasta que el régimen se relajó y José Castaño, a sus 58 años, pudo cumplir su sueño de ser maestro tras superar un curso de prácticas.
3 - La vida como maestro
A José Castaño le tocó dar clases de Lengua, algo que nunca antes había hecho. Pero no le costó mucho trabajo porque, según dice, "cuando se toman las cosas con cariño es mucho más fácil superar los obstáculos".
La incorporación de José Castaño como maestro se produjo muy cerca de su edad de jubilación. Pero no quiso que su edad le separase del sueño que había perseguido durante tanto tiempo. Así que logró seguir dando clases como voluntario.
En el año 1991, por la petición de dos asociaciones de madres y padres de alumnos, pusieron su nombre a un instituto en el barrio murciano de San Antón. "Eso me hizo aún más ilusión que cuando el consejo de ministros me concedió la medalla al trabajo en 2007", confiesa.
Hace dos años, tras haber cumplido los 96, José Castaño dejó las clases tras una caída que sufrió, precisamente, cuando se dirigía a dar clases de apoyo al instituto que lleva su nombre.
En sus casi 40 años como maestro, lo que equivale prácticamente a una vida laboral, José Castaño ha tratado de llevar a la práctica aquellos valores que aprendió como estudiante de Magisterio en la República: "El Plan Profesional de la República ha sido el mejor plan de formación de maestros: no solo te enseñaban las materias, sino que te formaban en la mejor manera de transmitir los conocimientos a los alumnos". Como método de enseñanza, Castaño sigue defendiendo la necesidad de razonar con ellos antes que meter el conocimiento a presión.
Pese a haber abandonado las clases, y pese a tener sus movimientos limitados, José Castaño acudió hace menos de un mes a la misma cárcel en la que estuvo recluido tras su detención en 1939. Con su presencia quiso reclamar que la rehabilitación de la llamada Cárcel Vieja de Murcia incorporara un espacio para homenajear a los represaliados de la dictadura.
Sobre el 20-N, que este año conmemora los 40 años de la muerte de Franco, José Castaño dice no sentir ninguna alegría. "Nunca celebraré la muerte de nadie". En cambio, asegura que cada 20-N siente tristeza, porque se acuerda "de lo que podría haber sido España de no haber sido por el franquismo".
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José Castaño solo llevaba unos meses ejerciendo de maestro cuando al término de la Guerra Civil fue detenido y condenado a 30 años de cárcel en Murcia. Finalmente pudo salir en libertad dos años y medio más tarde, pero el régimen franquista le impidió que volviera a impartir clases.
Tras aquel paréntesis obligado de 36 años, José Castaño volvió a las aulas en 1975, el año en el que murió Franco. Y, a partir de entonces, para sacarse la espina de su inhabilitación forzosa, acudió diariamente a un colegio para dar clases hasta los 96 años, cuando tuvo que abandonarlo definitivamente por culpa de una caída. Ahora, con 98 años, nos cuenta su historia, porque, según dice, "recordar casos como el mío nos ayudará a superar los odios y los rencores".
1 - En la cárcel
En el año 1935, José Castaño comenzó los estudios de Magisterio en Murcia. Pero, como tantos otros proyectos vitales, la Guerra Civil se metió en medio. José Castaño luchó durante un tiempo en el frente de Teruel, aunque, según cuenta, nunca llegó a pegar un disparo, ya que le tocó ocuparse de las transmisiones.
De vuelta en Murcia siguió sus estudios para ser maestro y empezó a ejercer su trabajo, pero no duró muchos meses porque la policía franquista le detuvo. Lo sentenciaron por adhesión a la rebelión, al haber desempeñado cargos en la Federación Universitaria Escolar, un sindicato de estudiantes universitarios, y al haber militado en otras organizaciones afines a la República."Pero en realidad podían condenarte por cualquier cosa, ya que entonces no eran muy escrupulosos con las garantías judiciales", sostiene.
José Castaño corrió la misma suerte que muchos otros maestros republicanos. Su primera noche en la cárcel de Murcia, José Castaño compartió colchón, debido al hacinamiento, con otro maestro, Javier Paulino Torres, que también estaba preso. Y allí también estaba Fernando Piñuela Romero, que había sido alcalde de Murcia y maestro de José Castaño, y que murió fusilado en 1939.
Efectivamente, los maestros republicanos fueron muy perseguidos durante el régimen franquista, porque se les consideraba representantes de los ideales de la República y portadores de ideas peligrosas. En una circular, José María Pemán, presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza franquista, los llamó "envenenadores del alma popular".
Esto se tradujo en un proceso de depuración del profesorado que cobró muchas formas: algunos pudieron seguir ejerciendo, otros fueron separados de su cargo o trasladados a otra provincia e incluso algunos fueron fusilados, como el mencionado Piñuela Romero. En su tesis La Depuración del Magisterio Nacional, Morente Valero contabilizó hasta 60.000 maestros depurados.
Durante su estancia en la cárcel, José Castaño dio clases a reclusos analfabetos y organizó un curso de geografía. Serían sus últimas clases hasta el año 1975.
José Castaño recuerda perfectamente el momento en que le comunicaron su liberación: "Estaba en el patio de la cárcel leyendo La ilustre fregona, de Miguel de Cervantes. Entonces se acercó un guardia y me dijo que podía marcharme. Yo le dije que lo sentía, pero que no podía dejar a medias un libro de Cervantes", rememora ahora entre risas.
2 - Después de la cárcel
Aunque ya en libertad, José Castaño arrastró una segunda condena: su pasado en prisión le inhabilitaba para ejercer como maestro y le afectó en otras facetas de su vida cotidiana.
Por ejemplo, recuerda cuando fue a solicitar su pasaporte para visitar a un hermano que vivía exiliado en Francia. Aunque al final se lo concedieron, tardaron muchísimo en gestionarlo. José Castaño comprendió la razón al leer lo que habían escrito en el reverso de su expediente: "Elemento rojo peligroso".
Otra de las situaciones a las que José Castaño tuvo que hacer frente fue a la de cruzarse a menudo con la persona que había firmado las denuncias que le condujeron a prisión.
Estos casos ilustran aquello que Dionisio Ridruejo denominó "una presión social indirecta e incruenta consistente en una particular sensación de entredicho", la cual sufrieron muchos republicanos durante el franquismo.
En los años siguientes José Castaño tuvo que ganarse la vida como cobrador de morosos, empleado de obras públicas, comercial, oficinista... Y así fue hasta que el régimen se relajó y José Castaño, a sus 58 años, pudo cumplir su sueño de ser maestro tras superar un curso de prácticas.
3 - La vida como maestro
A José Castaño le tocó dar clases de Lengua, algo que nunca antes había hecho. Pero no le costó mucho trabajo porque, según dice, "cuando se toman las cosas con cariño es mucho más fácil superar los obstáculos".
La incorporación de José Castaño como maestro se produjo muy cerca de su edad de jubilación. Pero no quiso que su edad le separase del sueño que había perseguido durante tanto tiempo. Así que logró seguir dando clases como voluntario.
En el año 1991, por la petición de dos asociaciones de madres y padres de alumnos, pusieron su nombre a un instituto en el barrio murciano de San Antón. "Eso me hizo aún más ilusión que cuando el consejo de ministros me concedió la medalla al trabajo en 2007", confiesa.
Hace dos años, tras haber cumplido los 96, José Castaño dejó las clases tras una caída que sufrió, precisamente, cuando se dirigía a dar clases de apoyo al instituto que lleva su nombre.
En sus casi 40 años como maestro, lo que equivale prácticamente a una vida laboral, José Castaño ha tratado de llevar a la práctica aquellos valores que aprendió como estudiante de Magisterio en la República: "El Plan Profesional de la República ha sido el mejor plan de formación de maestros: no solo te enseñaban las materias, sino que te formaban en la mejor manera de transmitir los conocimientos a los alumnos". Como método de enseñanza, Castaño sigue defendiendo la necesidad de razonar con ellos antes que meter el conocimiento a presión.
Pese a haber abandonado las clases, y pese a tener sus movimientos limitados, José Castaño acudió hace menos de un mes a la misma cárcel en la que estuvo recluido tras su detención en 1939. Con su presencia quiso reclamar que la rehabilitación de la llamada Cárcel Vieja de Murcia incorporara un espacio para homenajear a los represaliados de la dictadura.
Sobre el 20-N, que este año conmemora los 40 años de la muerte de Franco, José Castaño dice no sentir ninguna alegría. "Nunca celebraré la muerte de nadie". En cambio, asegura que cada 20-N siente tristeza, porque se acuerda "de lo que podría haber sido España de no haber sido por el franquismo".
Los alumnos denuncian que se está produciendo el mayor retraso en el ingreso de becas de los últimos cuatro años, pues la tanda que Educación suele ingresar en enero aún no se ha hecho. El propio mecanismo de ayudas provoca que muchos estudiantes no reciban dinero incluso hasta seis meses después de haber empezado el curso. Andrea Mendoza, alumna de Estudios Hispánicos de 21 años, no puede hacer frente al pago del alquiler y sobrevive gracias a la ayuda de su pareja y amigos.
#MinistroDameMiBeca es el hashtag que decenas de estudiantes utilizaron hace unos días para visibilizar el retraso que, según denuncian, se está produciendo en el ingreso de las becas que anualmente concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Afirman que es la mayor demora de los últimos cuatro años, pues la tanda de ingresos que suele producirse en enero y aún no lo ha hecho, a pesar de que los alumnos ya han recibido la confirmación de que la ayuda ha sido adjudicada.
El Ministerio de Educación, que no ha contestado a las preguntas de eldiario.es y que cerró el plazo para pedir las becas el 18 de octubre, tiene hasta el mes de abril para tramitarlas. Es durante este tiempo cuando los estudiantes irán obteniendo la resolución y los ingresos llegarán desde mediados de diciembre. En primer lugar, se concede una parte fija que contempla ayudas por renta y residencia, que como máximo suelen llegar en abril, y en segundo lugar, la llamada parte variable, que extiende el plazo hasta casi final de curso y que Educación asigna con una fórmula matemática difícil de interpretar y basada en datos de casi imposible acceso.
"Normalmente hay cinco o seis tandas de pago de la parte fija en un curso, pero este año la de enero sigue sin pagarse a pesar de que tenemos casos de becas aceptadas desde finales de diciembre", comenta Aaron G. Según los cálculos de la plataforma, esta misma tanda se produjo en 2012 el 23 de enero; el 31 un año más tarde; entre el 2 y el 4 en 2014 y el 4 de febrero en 2015.
Aaron es uno de los administradores de la página web dudasbecasmec.com, que incluye artículos con el objetivo de resolver las incertidumbres que el complejo sistema de becas suele generar entre los alumnos. El espacio lleva una temporada recibiendo decenas de testimonios de estudiantes que aún no han recibido el dinero que les corresponde, lo que da lugar a "situaciones económicas realmente asfixiantes".
Casos que no solo son consecuencia del retraso que se está produciendo este año, si no del propio mecanismo de ayudas del Ministerio, que provoca que muchos estudiantes en situaciones precarias no reciban dinero incluso hasta seis meses después de haber empezado el curso. Es una de las quejas tradicionales de la comunidad educativa, que avisa de la poca efectividad del sistema. El sentido de las ayudas es que los alumnos puedan sufragar los gastos derivados de estudiar, que en algunos casos incluyen hacer frente a un alquiler, pero el curso suele dar comienzo a mediados de septiembre y muchos deben afrontar varios meses en los que no perciben ningún ingreso.
Andrea: "Debo tres meses de alquiler"
La solicitud de beca de Andrea Mendoza lleva resuelta y aprobada desde finales de diciembre, sin embargo, aún sigue esperando a que los dígitos de su cuenta bancaria reflejen los 3.000 euros que Educación le ha concedido de parte fija. Esta valenciana de 21 años vive en la localidad de Palmera, donde tiene que hacer frente al pago del alquiler del piso. Para ella, este tercer curso del grado de Estudios Hispánicos se ha convertido "en una ardua tarea de supervivencia", confiesa.
Reconoce que a estas alturas otros años la beca ya le había sido ingresada. Actualmente hace frente a los gastos "imprescindibles" gracias a la ayuda que le prestan su pareja y algunas amigas, pero "debo tres meses de alquiler", afirma. "En casa no pueden sacar de donde no hay, mi madre apenas trabaja y mis dos hermanos también están estudiando". Andrea se ha visto obligada a renunciar al curso de inglés que quería realizar este año y a los congresos o jornadas que realiza la universidad. "Estudiar e intentar olvidarte por un segundo de las facturas acumuladas es casi imposible", comenta.
María: "Ceno lo mismo casi todas las noches"
María González es gaditana, pero está realizando las prácticas de enfermería en la localidad granadina de Motril. El ministerio le envió la resolución de su beca el pasado 28 de enero y desde entonces espera a que se la ingresen. No ha pasado demasiado tiempo desde entonces pero la situación de esta joven de 26 años, que puede pagar el alquiler gracias a la ayuda de su primo, convierte cada día en una agónica espera. "Me he visto obligada a ahorrar todo lo posible en la compra semanal, cenando lo mismo casi todas las noches, un sandwich o una ensalada", explica.
La crisis se ha cebado con la familia de María y aún no se ha recuperado. De hecho, sus padres se encuentran desempleados desde hace más de cinco años y el único dinero que entra en casa son los 413 euros mensuales que cobra su padre. "Los otros años que he sido becaria me ingresaron la cuantía el 23 de diciembre", afirma María, que explica así lo que esta situación le está generando: "Paso los días muy estresada, incluso estoy encontrando dificultades para conciliar el sueño".
Alejandro: "Este año se están retrasando más"
Alejandro Molina ni siquiera ha recibido en su cuenta de correo el email con el que el Ministerio de Educación comunica a los estudiantes si la beca ha sido aprobada. Otros cursos, dice, "han tardado bastante, pero este se están retrasando más". Admite que su situación familiar "no es mala, se puede comer, pero los continuos pagos causan meses malos, de ahí la necesidad de pedir la beca".
Su padre es el que se encarga actualmente de pagar el alquiler al que Alejandro tiene que hacer frente en Murcia, donde estudia Enseñanzas Superiores de Murcia en la especialidad de trompeta. "Luz y agua, una media de 100 euros cada dos meses; internet, unos 35 euros al mes, fotocopias, unos 20 euros mensuales; transporte, comida...", enumera Alejandro. "La beca es en teoría para cubrir gastos durante el curso, pero yo intuyo que a este paso me ingresarán el dinero una vez finalizado el curso, siendo un sistema bastante ineficaz para estudiar", critica.
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#MinistroDameMiBeca es el hashtag que decenas de estudiantes utilizaron hace unos días para visibilizar el retraso que, según denuncian, se está produciendo en el ingreso de las becas que anualmente concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Afirman que es la mayor demora de los últimos cuatro años, pues la tanda de ingresos que suele producirse en enero y aún no lo ha hecho, a pesar de que los alumnos ya han recibido la confirmación de que la ayuda ha sido adjudicada.
El Ministerio de Educación, que no ha contestado a las preguntas de eldiario.es y que cerró el plazo para pedir las becas el 18 de octubre, tiene hasta el mes de abril para tramitarlas. Es durante este tiempo cuando los estudiantes irán obteniendo la resolución y los ingresos llegarán desde mediados de diciembre. En primer lugar, se concede una parte fija que contempla ayudas por renta y residencia, que como máximo suelen llegar en abril, y en segundo lugar, la llamada parte variable, que extiende el plazo hasta casi final de curso y que Educación asigna con una fórmula matemática difícil de interpretar y basada en datos de casi imposible acceso.
"Normalmente hay cinco o seis tandas de pago de la parte fija en un curso, pero este año la de enero sigue sin pagarse a pesar de que tenemos casos de becas aceptadas desde finales de diciembre", comenta Aaron G. Según los cálculos de la plataforma, esta misma tanda se produjo en 2012 el 23 de enero; el 31 un año más tarde; entre el 2 y el 4 en 2014 y el 4 de febrero en 2015.
Aaron es uno de los administradores de la página web dudasbecasmec.com, que incluye artículos con el objetivo de resolver las incertidumbres que el complejo sistema de becas suele generar entre los alumnos. El espacio lleva una temporada recibiendo decenas de testimonios de estudiantes que aún no han recibido el dinero que les corresponde, lo que da lugar a "situaciones económicas realmente asfixiantes".
Casos que no solo son consecuencia del retraso que se está produciendo este año, si no del propio mecanismo de ayudas del Ministerio, que provoca que muchos estudiantes en situaciones precarias no reciban dinero incluso hasta seis meses después de haber empezado el curso. Es una de las quejas tradicionales de la comunidad educativa, que avisa de la poca efectividad del sistema. El sentido de las ayudas es que los alumnos puedan sufragar los gastos derivados de estudiar, que en algunos casos incluyen hacer frente a un alquiler, pero el curso suele dar comienzo a mediados de septiembre y muchos deben afrontar varios meses en los que no perciben ningún ingreso.
Andrea: "Debo tres meses de alquiler"
La solicitud de beca de Andrea Mendoza lleva resuelta y aprobada desde finales de diciembre, sin embargo, aún sigue esperando a que los dígitos de su cuenta bancaria reflejen los 3.000 euros que Educación le ha concedido de parte fija. Esta valenciana de 21 años vive en la localidad de Palmera, donde tiene que hacer frente al pago del alquiler del piso. Para ella, este tercer curso del grado de Estudios Hispánicos se ha convertido "en una ardua tarea de supervivencia", confiesa.
Reconoce que a estas alturas otros años la beca ya le había sido ingresada. Actualmente hace frente a los gastos "imprescindibles" gracias a la ayuda que le prestan su pareja y algunas amigas, pero "debo tres meses de alquiler", afirma. "En casa no pueden sacar de donde no hay, mi madre apenas trabaja y mis dos hermanos también están estudiando". Andrea se ha visto obligada a renunciar al curso de inglés que quería realizar este año y a los congresos o jornadas que realiza la universidad. "Estudiar e intentar olvidarte por un segundo de las facturas acumuladas es casi imposible", comenta.
María: "Ceno lo mismo casi todas las noches"
María González es gaditana, pero está realizando las prácticas de enfermería en la localidad granadina de Motril. El ministerio le envió la resolución de su beca el pasado 28 de enero y desde entonces espera a que se la ingresen. No ha pasado demasiado tiempo desde entonces pero la situación de esta joven de 26 años, que puede pagar el alquiler gracias a la ayuda de su primo, convierte cada día en una agónica espera. "Me he visto obligada a ahorrar todo lo posible en la compra semanal, cenando lo mismo casi todas las noches, un sandwich o una ensalada", explica.
La crisis se ha cebado con la familia de María y aún no se ha recuperado. De hecho, sus padres se encuentran desempleados desde hace más de cinco años y el único dinero que entra en casa son los 413 euros mensuales que cobra su padre. "Los otros años que he sido becaria me ingresaron la cuantía el 23 de diciembre", afirma María, que explica así lo que esta situación le está generando: "Paso los días muy estresada, incluso estoy encontrando dificultades para conciliar el sueño".
Alejandro: "Este año se están retrasando más"
Alejandro Molina ni siquiera ha recibido en su cuenta de correo el email con el que el Ministerio de Educación comunica a los estudiantes si la beca ha sido aprobada. Otros cursos, dice, "han tardado bastante, pero este se están retrasando más". Admite que su situación familiar "no es mala, se puede comer, pero los continuos pagos causan meses malos, de ahí la necesidad de pedir la beca".
Su padre es el que se encarga actualmente de pagar el alquiler al que Alejandro tiene que hacer frente en Murcia, donde estudia Enseñanzas Superiores de Murcia en la especialidad de trompeta. "Luz y agua, una media de 100 euros cada dos meses; internet, unos 35 euros al mes, fotocopias, unos 20 euros mensuales; transporte, comida...", enumera Alejandro. "La beca es en teoría para cubrir gastos durante el curso, pero yo intuyo que a este paso me ingresarán el dinero una vez finalizado el curso, siendo un sistema bastante ineficaz para estudiar", critica.
EUROPA PRESS. 12.02.2016
El Frente de Estudiantes, integrado por alumnos de secundaria y universitarios, ha llamado este viernes a la comunidad educativa a sumarse a la huelga del próximo 3 de marzo contra los recortes, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa (LOMCE), el 'decreto 3+2' que reduce la duración del grado universitario y amplía un año el máster y las prácticas no remuneradas obligatorias en FP y en la Universidad.
Así lo ha anunciado este viernes 12 de febrero esta organización en una rueda de prensa celebrada en Madrid que llama a "vaciar las aulas" y "llenar las calles de estudiantes conscientes". Asimismo, esta organización quiere que esta jornada de huelga sea "distinta" a las hasta ahora realizadas, donde "lo fundamental" no son los datos de seguimiento, es decir, los alumnos que no van a clase, sino "cuántos vuelven al día siguiente a clase organizados en el Frente".
Para ello, esta organización tiene previsto organizar asambleas, reuniones y 'pasaclases' en institutos y facultades de todo el país y llama al conjunto de Organizaciones de estudiantes, profesores y asociaciones de padres de alumnos de los centros educativos para secundar esta protesta.
Ver más
El Frente de Estudiantes, integrado por alumnos de secundaria y universitarios, ha llamado este viernes a la comunidad educativa a sumarse a la huelga del próximo 3 de marzo contra los recortes, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad educativa (LOMCE), el 'decreto 3+2' que reduce la duración del grado universitario y amplía un año el máster y las prácticas no remuneradas obligatorias en FP y en la Universidad.
Así lo ha anunciado este viernes 12 de febrero esta organización en una rueda de prensa celebrada en Madrid que llama a "vaciar las aulas" y "llenar las calles de estudiantes conscientes". Asimismo, esta organización quiere que esta jornada de huelga sea "distinta" a las hasta ahora realizadas, donde "lo fundamental" no son los datos de seguimiento, es decir, los alumnos que no van a clase, sino "cuántos vuelven al día siguiente a clase organizados en el Frente".
Para ello, esta organización tiene previsto organizar asambleas, reuniones y 'pasaclases' en institutos y facultades de todo el país y llama al conjunto de Organizaciones de estudiantes, profesores y asociaciones de padres de alumnos de los centros educativos para secundar esta protesta.
Los profesores critican duramente las propuestas de Pedro Sánchez para negociar su investidura y el Sindicato de Estudiantes amenaza con una huelga general.
El hecho de que el documento del Partido Socialista -con el que se pretende negociar la investidura de Pedro Sánchez- sólo se comprometa a “paralizar de inmediato la Ley de Educación” pero no garantice su derogación inmediata ha puesto en ‘pie de guerra’ a la comunidad educativa. Tanto de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadores de la Enseñanza (STEs Intersindical) como el Sindicato de Estudiantes manifiestan su indignación y recuerdan que en el programa con el que el Partido Socialista concurrió a las generales se prometía “derogar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) así como la normativa que ha contribuido a recortar la inversión en educación, dificultando la contratación del profesorado vulnerando el derecho de acceder a la educación por parte de un sector de la población y deteriorando todos los servicios (comedores, transportes, libros de texto, entre otros)”.
STEs-intersindical denuncia que las propuestas que contiene el documento sobre las líneas prioritarias de la política educativa del PSOE si consigue formar gobierno “rebajan de manera preocupante a las intenciones anunciadas por el PSOE durante la campaña electoral”.
A este sindicato de docentes no les convence que el PSOE les haya comunicado verbalmente que el Pacto Social y Político por la Educación que se pretende para la elaboración para un nuevo marco legal consensuado comportará la derogación de la LOMCE, paralizando de entrada el calendario de su aplicación, ya que para ellos es “preocupante que en el texto del escrito no aparezca claramente no sólo la derogación de la Ley Wert, sino la retirada inmediata de los recortes educativos y especialmente la abolición del RDL 14/12, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”.
Tampoco satisface a la citada organización sindical el planteamiento que se hace en el documento socialista respecto a la FP que consideran "sigue manteniendo directrices neoliberales de sometimiento a los intereses empresariales" y también consideran insuficiente la oferta pública de Escuelas Infantiles en la primera etapa de 0 a 3 años “si este tramo no se amplía y se considera plenamente educativo”. Además de hacer notar que “las medidas referentes a la Universidad pasan por alto la derogación de los Reales Decretos de ordenación de las enseñanzas universitarias, de creación de nuevas universidades y de acreditación para los cuerpos docentes”.
Igualmente critican que en el documento presentado se ofrece la aprobación de un Estatuto del Profesorado, una propuesta que no convence a la STEs-i que cree “que la puesta en marcha de dicho estatuto se plantea una y otra vez desde criterios fuertemente neoliberales del trabajo docente, jerarquizando y estableciendo una competitividad entre el profesorado que lo aleja de un trabajo cooperativo necesario en la educación”.
Sobre el ingreso en la docencia, rechazan el MIR educativo que propone el PSOE, puesto que el sindicato exige que “cualquier cambio en el modelo de acceso debe solucionar previamente la problemática de la inestabilidad laboral del profesorado interino, que ronda el 20 % del total de las plantillas docentes, y conseguir su funcionarización”. Al tiempo que cuestionan que el modelo MIR “sea el más apropiado para el acceso a la función pública docente, dadas las particularidades de este trabajo; instamos al PSOE a escuchar otras voces conocedores de la profesión”.
Finalmente, STEs-i recuerda a Pedro Sánchez que la consecución de una educación democrática e igualitaria requiere que la escuela sea laica y la religión queden fuera del sistema educativo.
Auténtica vergüenza”
También el Sindicato de Estudiantes rechaza “rotundamente la propuesta del equipo negociador del PSOE para la formación de un nuevo gobierno que elimina de su programa la retirada inmediata de la LOMCE”, que también dejan claro en un documento que no comparten el argumento que plantean de que paralizarán “la aplicación” de la LOMCE pero no la derogarán de momento hasta poder sustituirla por una nueva ley”.
Para dicho sindicato estudiantil “el Gran Pacto de Estado por la Educación”, que propugnan los socialistas “no significa otra cosa que buscar un nuevo acuerdo con la derecha en lugar de poner en práctica un plan de choque para rescatar la enseñanza pública de la situación calamitosa en la que se encuentra tras cuatro años de Gobierno Rajoy”.
El comunicado continúa en un tono muy duro: “los que estamos en los centros de estudio sufriendo los efectos de las medidas del PP informamos a Pedro Sánchez y a su equipo de que ahora mismo ya se está aplicando la LOMCE y la estamos sufriendo en vivo y en directo”. Aclarando que “decir que no se derogará inmediatamente significa sólo una cosa: que la Ley Wert se seguirá aplicando y que millones de jóvenes seguiremos padeciendo sus consecuencias”.
Los representantes estudiantiles califican de “auténtica vergüenza que el PSOE adopte esta posición”. Y reprochan al partido de Sánchez que “no les ha hecho falta ni llegar al gobierno para desdecirse de lo que tantas veces han planteado públicamente”. Denuncian que los socialistas “no han tenido ningún reparo en “hacerse la foto” con los integrantes de la Marea Verde en numerosas ocasiones ni tampoco en hartarse de hacer declaraciones por la eliminación de la Ley Wert en ruedas de prensa ante las cámaras de televisión. Pero ahora, cuando se acerca la posibilidad de tocar poder, todas esas declaraciones y promesas de defender la educación pública se desvanecen”, lo que a su juicio “¡es un escándalo completo!”.
El Sindicato de Estudiantes dice no poder aceptar “bajo ninguna circunstancia que se traicionen las demandas de los millones de jóvenes, estudiantes, profesores y padres que hemos llenado las calles de forma incansable en defensa de la educación pública” por lo que emplazan a la dirección del PSOE a que rectifique inmediatamente este punto con una última advertencia: “Si se forma un nuevo gobierno y el PSOE no retira la LOMCE, el 3+2 y revierte todos los recortes, despidos y ataques a la educación pública, volveremos a vaciar las aulas para tomar las calles: el Sindicato de Estudiantes convocará huelga general”.
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El hecho de que el documento del Partido Socialista -con el que se pretende negociar la investidura de Pedro Sánchez- sólo se comprometa a “paralizar de inmediato la Ley de Educación” pero no garantice su derogación inmediata ha puesto en ‘pie de guerra’ a la comunidad educativa. Tanto de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadores de la Enseñanza (STEs Intersindical) como el Sindicato de Estudiantes manifiestan su indignación y recuerdan que en el programa con el que el Partido Socialista concurrió a las generales se prometía “derogar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) así como la normativa que ha contribuido a recortar la inversión en educación, dificultando la contratación del profesorado vulnerando el derecho de acceder a la educación por parte de un sector de la población y deteriorando todos los servicios (comedores, transportes, libros de texto, entre otros)”.
STEs-intersindical denuncia que las propuestas que contiene el documento sobre las líneas prioritarias de la política educativa del PSOE si consigue formar gobierno “rebajan de manera preocupante a las intenciones anunciadas por el PSOE durante la campaña electoral”.
A este sindicato de docentes no les convence que el PSOE les haya comunicado verbalmente que el Pacto Social y Político por la Educación que se pretende para la elaboración para un nuevo marco legal consensuado comportará la derogación de la LOMCE, paralizando de entrada el calendario de su aplicación, ya que para ellos es “preocupante que en el texto del escrito no aparezca claramente no sólo la derogación de la Ley Wert, sino la retirada inmediata de los recortes educativos y especialmente la abolición del RDL 14/12, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”.
Tampoco satisface a la citada organización sindical el planteamiento que se hace en el documento socialista respecto a la FP que consideran "sigue manteniendo directrices neoliberales de sometimiento a los intereses empresariales" y también consideran insuficiente la oferta pública de Escuelas Infantiles en la primera etapa de 0 a 3 años “si este tramo no se amplía y se considera plenamente educativo”. Además de hacer notar que “las medidas referentes a la Universidad pasan por alto la derogación de los Reales Decretos de ordenación de las enseñanzas universitarias, de creación de nuevas universidades y de acreditación para los cuerpos docentes”.
Igualmente critican que en el documento presentado se ofrece la aprobación de un Estatuto del Profesorado, una propuesta que no convence a la STEs-i que cree “que la puesta en marcha de dicho estatuto se plantea una y otra vez desde criterios fuertemente neoliberales del trabajo docente, jerarquizando y estableciendo una competitividad entre el profesorado que lo aleja de un trabajo cooperativo necesario en la educación”.
Sobre el ingreso en la docencia, rechazan el MIR educativo que propone el PSOE, puesto que el sindicato exige que “cualquier cambio en el modelo de acceso debe solucionar previamente la problemática de la inestabilidad laboral del profesorado interino, que ronda el 20 % del total de las plantillas docentes, y conseguir su funcionarización”. Al tiempo que cuestionan que el modelo MIR “sea el más apropiado para el acceso a la función pública docente, dadas las particularidades de este trabajo; instamos al PSOE a escuchar otras voces conocedores de la profesión”.
Finalmente, STEs-i recuerda a Pedro Sánchez que la consecución de una educación democrática e igualitaria requiere que la escuela sea laica y la religión queden fuera del sistema educativo.
Auténtica vergüenza”
También el Sindicato de Estudiantes rechaza “rotundamente la propuesta del equipo negociador del PSOE para la formación de un nuevo gobierno que elimina de su programa la retirada inmediata de la LOMCE”, que también dejan claro en un documento que no comparten el argumento que plantean de que paralizarán “la aplicación” de la LOMCE pero no la derogarán de momento hasta poder sustituirla por una nueva ley”.
Para dicho sindicato estudiantil “el Gran Pacto de Estado por la Educación”, que propugnan los socialistas “no significa otra cosa que buscar un nuevo acuerdo con la derecha en lugar de poner en práctica un plan de choque para rescatar la enseñanza pública de la situación calamitosa en la que se encuentra tras cuatro años de Gobierno Rajoy”.
El comunicado continúa en un tono muy duro: “los que estamos en los centros de estudio sufriendo los efectos de las medidas del PP informamos a Pedro Sánchez y a su equipo de que ahora mismo ya se está aplicando la LOMCE y la estamos sufriendo en vivo y en directo”. Aclarando que “decir que no se derogará inmediatamente significa sólo una cosa: que la Ley Wert se seguirá aplicando y que millones de jóvenes seguiremos padeciendo sus consecuencias”.
Los representantes estudiantiles califican de “auténtica vergüenza que el PSOE adopte esta posición”. Y reprochan al partido de Sánchez que “no les ha hecho falta ni llegar al gobierno para desdecirse de lo que tantas veces han planteado públicamente”. Denuncian que los socialistas “no han tenido ningún reparo en “hacerse la foto” con los integrantes de la Marea Verde en numerosas ocasiones ni tampoco en hartarse de hacer declaraciones por la eliminación de la Ley Wert en ruedas de prensa ante las cámaras de televisión. Pero ahora, cuando se acerca la posibilidad de tocar poder, todas esas declaraciones y promesas de defender la educación pública se desvanecen”, lo que a su juicio “¡es un escándalo completo!”.
El Sindicato de Estudiantes dice no poder aceptar “bajo ninguna circunstancia que se traicionen las demandas de los millones de jóvenes, estudiantes, profesores y padres que hemos llenado las calles de forma incansable en defensa de la educación pública” por lo que emplazan a la dirección del PSOE a que rectifique inmediatamente este punto con una última advertencia: “Si se forma un nuevo gobierno y el PSOE no retira la LOMCE, el 3+2 y revierte todos los recortes, despidos y ataques a la educación pública, volveremos a vaciar las aulas para tomar las calles: el Sindicato de Estudiantes convocará huelga general”.
El TSJCM ha dado la razón al sindicato STE en su demanda contra el proyecto 'Abriendo Caminos', que impulsó el ahora secretario de Estado de Educación. La expresidenta de Castilla-La Mancha sigue así acumulando sentencias judiciales contra las medidas que aprobó durante su legislatura
La legislatura en la que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, gobernó en Castilla-La Mancha sigue dando de sí en cuanto a consecuencias judiciales derivadas de sus decisiones. A la anulación de medidas adoptadas en torno a dependencia o funcionarios, entre otras, se suma ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) que da la razón al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. STE presentó en julio de 2013 una demanda contra la aprobación del Programa 'Abriendo Caminos' por parte de la Consejería de Educación. Aunque ya está inactivo, se convirtió en uno de los proyectos 'estrella' del titular de educación, Marcial Marín, actual secretario de Estado de Educación.
STE acudió a los tribunales ante la puesta en marcha de este programa, que fue aprobado por el gobierno del PP a pesar de la oposición de los centros educativos y sin haber negociado las condiciones laborales del profesorado que lo impartiría.
El programa suponía la oferta de clases de apoyo de las materias de Matemáticas y Lengua a alumnos de 4º de la ESO que no las hubiesen superado y no hubieran titulado en junio. Algunos sindicatos la tacharon de "demagógica y populista, un parche para enmascarar la política de recortes del PP", como la supresión del 20% de la plantilla de profesorado, la masificación de las aulas y la no cobertura de las sustituciones durante el curso.
Casi tres años después, el TSJCM lo anula, argumentando que debió haberse negociado. Pese a que este programa ya no sigue en marcha, el sindicato ha valorado "muy positivamente" esta sentencia ya que ratifica, una vez más, la "vulneración de derechos sindicales que se llevó a cabo por parte del gobierno de Cospedal". Desde el sindicato recuerdan además que Marcial Marín impuso la implantación de este programa a pesar de que en una consulta a los centros educativos cerca del 94% rechazó su participación, acusando a STE de "boicotearlo" en un "patético intento de justificar el rechazo del profesorado".
Ahora la sentencia establece que tanto los horarios del profesorado como los criterios de selección del mismo debieron ser negociados, como establece el artículo 151 de la Ley 4/2011 de 10 de marzo, del Empleo Público. STE considera que esta sentencia muestra una vez más el "talante impositivo" del antiguo gobierno del PP, y recuerda que la asesoría jurídica de Intersindical (que incluye también a STAS) ganó también una sentencia que obligó a Cospedal a readmitir a funcionarios interinos de la Junta despedidos en 2012, por haber vulnerado la negociación colectiva.
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La legislatura en la que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, gobernó en Castilla-La Mancha sigue dando de sí en cuanto a consecuencias judiciales derivadas de sus decisiones. A la anulación de medidas adoptadas en torno a dependencia o funcionarios, entre otras, se suma ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) que da la razón al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. STE presentó en julio de 2013 una demanda contra la aprobación del Programa 'Abriendo Caminos' por parte de la Consejería de Educación. Aunque ya está inactivo, se convirtió en uno de los proyectos 'estrella' del titular de educación, Marcial Marín, actual secretario de Estado de Educación.
STE acudió a los tribunales ante la puesta en marcha de este programa, que fue aprobado por el gobierno del PP a pesar de la oposición de los centros educativos y sin haber negociado las condiciones laborales del profesorado que lo impartiría.
El programa suponía la oferta de clases de apoyo de las materias de Matemáticas y Lengua a alumnos de 4º de la ESO que no las hubiesen superado y no hubieran titulado en junio. Algunos sindicatos la tacharon de "demagógica y populista, un parche para enmascarar la política de recortes del PP", como la supresión del 20% de la plantilla de profesorado, la masificación de las aulas y la no cobertura de las sustituciones durante el curso.
Casi tres años después, el TSJCM lo anula, argumentando que debió haberse negociado. Pese a que este programa ya no sigue en marcha, el sindicato ha valorado "muy positivamente" esta sentencia ya que ratifica, una vez más, la "vulneración de derechos sindicales que se llevó a cabo por parte del gobierno de Cospedal". Desde el sindicato recuerdan además que Marcial Marín impuso la implantación de este programa a pesar de que en una consulta a los centros educativos cerca del 94% rechazó su participación, acusando a STE de "boicotearlo" en un "patético intento de justificar el rechazo del profesorado".
Ahora la sentencia establece que tanto los horarios del profesorado como los criterios de selección del mismo debieron ser negociados, como establece el artículo 151 de la Ley 4/2011 de 10 de marzo, del Empleo Público. STE considera que esta sentencia muestra una vez más el "talante impositivo" del antiguo gobierno del PP, y recuerda que la asesoría jurídica de Intersindical (que incluye también a STAS) ganó también una sentencia que obligó a Cospedal a readmitir a funcionarios interinos de la Junta despedidos en 2012, por haber vulnerado la negociación colectiva.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado dar luz verde este martes, en su reunión habitual semanal, al proyecto de decreto de la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2016 para ingreso en los cuerpos de profesores técnicos de Formación Profesional, de Escuelas oficiales de Idiomas, profesores de Música y Artes Escénicas y de maestros; de ingreso y acceso a los cuerpos de profesores de Enseñanza Secundaria y de catedráticos de Música y Artes Escénicas, y de adquisición de nuevas especialidades del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.
Para este año se convocarán 1.987, quedando las restantes supeditadas a ejercicios posteriores, señaló la Junta, pues, tal y como establece la normativa, pueden celebrarse en los siguientes tres años, algo que se hace “siguiendo la evolución de las plantillas”. Se prevé que se presenten unos 30.000 aspirantes, la misma cifra que el año anterior.
Así, en 2016 las oposiciones corresponden a:
Secundaria: 1.497 plazas de profesores de todas las materias, además de otras 177 de la oferta de empleo público de 2015.
Formación Profesional: 230 plazas de profesores técnicos.
Idiomas: 83 plazas en Escuelas Oficinales de Idiomas.
Quedarían para después las plazas de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, ante la necesidad de llegar a un consenso previo para los requisitos a exigir, sin que ello suponga merma de la oferta.
La oferta de empleo está centrada sobre todo a los profesores de Secundaria que se distribuye entre las especialidades de Inglés (250), Matemáticas, (173), Geografía e Historia (150), Lengua Castellana y Literatura (145), Filosofía (100), Economía (100), Francés (100), Física y Química (80), Biología y Geología (66), Orientación Educativa (58), Formación y Orientación Laboral (50), Intervención Sociocomunitaria (40), Educación Física (30), Hostelería y Turismo (30), Procesos de Producción Agraria (25), Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (20), y Procesos Sanitarios (20), además de otros 15 puestos para otras tantas especialidades.
A estas hay que sumar otras 177 plazas de profesores de francés correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2014 . Para las Escuelas de Idiomas se ofertan 83 plazas de las que 70 corresponden a Inglés y 13 a Francés.
Para Formación Profesional se ofertan 230 plazas que se reparten entre Servicios a la Comunidad, (60), Procesos Sanitarios y Asistenciales (30), Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos (25), Mecanizado y mantenimiento de máquinas (20), mantenimiento de vehículos (20), Cocina y pastelería (20), instalaciones y mantenimientos de equipos técnicos y fluidos (15), operaciones y equipos de producción agraria (15), restauración (15), y Soldadura (10).
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Para este año se convocarán 1.987, quedando las restantes supeditadas a ejercicios posteriores, señaló la Junta, pues, tal y como establece la normativa, pueden celebrarse en los siguientes tres años, algo que se hace “siguiendo la evolución de las plantillas”. Se prevé que se presenten unos 30.000 aspirantes, la misma cifra que el año anterior.
Así, en 2016 las oposiciones corresponden a:
Secundaria: 1.497 plazas de profesores de todas las materias, además de otras 177 de la oferta de empleo público de 2015.
Formación Profesional: 230 plazas de profesores técnicos.
Idiomas: 83 plazas en Escuelas Oficinales de Idiomas.
Quedarían para después las plazas de catedráticos y profesores de Música y Artes Escénicas, ante la necesidad de llegar a un consenso previo para los requisitos a exigir, sin que ello suponga merma de la oferta.
La oferta de empleo está centrada sobre todo a los profesores de Secundaria que se distribuye entre las especialidades de Inglés (250), Matemáticas, (173), Geografía e Historia (150), Lengua Castellana y Literatura (145), Filosofía (100), Economía (100), Francés (100), Física y Química (80), Biología y Geología (66), Orientación Educativa (58), Formación y Orientación Laboral (50), Intervención Sociocomunitaria (40), Educación Física (30), Hostelería y Turismo (30), Procesos de Producción Agraria (25), Organización y Proyectos de Sistemas Energéticos (20), y Procesos Sanitarios (20), además de otros 15 puestos para otras tantas especialidades.
A estas hay que sumar otras 177 plazas de profesores de francés correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2014 . Para las Escuelas de Idiomas se ofertan 83 plazas de las que 70 corresponden a Inglés y 13 a Francés.
Para Formación Profesional se ofertan 230 plazas que se reparten entre Servicios a la Comunidad, (60), Procesos Sanitarios y Asistenciales (30), Procedimientos de Diagnósticos Clínicos y Ortoprotésicos (25), Mecanizado y mantenimiento de máquinas (20), mantenimiento de vehículos (20), Cocina y pastelería (20), instalaciones y mantenimientos de equipos técnicos y fluidos (15), operaciones y equipos de producción agraria (15), restauración (15), y Soldadura (10).
Talavera (Toledo) - Viernes, 29 de enero de 2016
Un grupo de profesores que imparten clases en diferentes centros educativos públicos de la ciudad se concentraron ayer en la plaza de la Trinidad para lanzar un llamamiento en favor de la enseñanza pública y, al mismo tiempo, para criticar el trato de favoritismo que, a su juicio, dispensa la Administración regional a los centros privados y concertados. La convocatoria, impulsada por la Asamblea en Defensa de la Educación Pública de Talavera, contó también con el respaldo de varias organizaciones sindicales y estudiantiles.
En declaraciones a este periódico, el portavoz del colectivo convocante, José Manuel Oviedo, aseguró que en los centros públicos se imparte una educación de gran calidad y cuentan con un profesorado muy preparado y que pasa un riguroso proceso de selección. Del mismo modo, aseveró que en estos colegios e institutos está garantizada la equidad y el respeto a la diversidad de todo el alumnado. No obstante, Oviedo también apuntó que el Gobierno de Castilla-La Mancha todavía tiene que hacer mucho para dotar a los centros públicos de todos los recursos que precisan para que la labor educativa se desarrolle de la mejor manera posible.
En relación con todo esto, el representante de la asamblea criticó que para los centros públicos se establezca una ratio de alumnos por clase muy superior a la que se permite en los privados y en los concertados. Así, explicó que en los colegios de titularidad pública esta ratio es la misma en todo el territorio castellano-manchego, mientras que en los que no son públicos puede variar en función de la localidad donde estén ubicados.
Igualmente, precisó que en un colegio público la ratio para una clase de 3 años está en 25 alumnos, para las de 4 y 5 años se ha fijado en 28 y para todo el ciclo de Educación Primaria ha quedado establecida en 30 escolares. En cuanto a los privados y concertados, comentó que la proporción es mucho menor, ya que para 3 años se han establecido 11 alumnos, 15 para las aulas de 4 y 5 años y 16 para los cursos que van de primero a sexto de Primaria. «Esto demuestra que hay un trato de favor hacia los centros privados y concertados», comentó José Manuel Oviedo.
Respecto al posible cierre de aulas, dijo que hay colegios privados y concertados que han mantenido en activo clases pese a que no han llegado al mínimo exigido para ello. Por contra, señaló que en los públicos sí se han cerrado. Es más, anunció que en el Colegio Pablo Iglesias hay previsión de cerrar una de Educación Infantil y otra de Educación Primaria, mientras que en el Colegio José Bárcenas corre peligro una de Primaria. «Estamos en una clara situación de desventaja en los colegio públicos», apostilló.
La Asamblea en Defensa de la Educación Pública tiene previstas nuevas movilizaciones para el mes de marzo, centradas en esta ocasión en la petición de más recursos para mejorar la atención que se presta a los alumnos con necesidades educativas especiales. Del mismo modo, para mayo volverán a echarse a la calle para demandar que se potencie la Formación Profesional.
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Un grupo de profesores que imparten clases en diferentes centros educativos públicos de la ciudad se concentraron ayer en la plaza de la Trinidad para lanzar un llamamiento en favor de la enseñanza pública y, al mismo tiempo, para criticar el trato de favoritismo que, a su juicio, dispensa la Administración regional a los centros privados y concertados. La convocatoria, impulsada por la Asamblea en Defensa de la Educación Pública de Talavera, contó también con el respaldo de varias organizaciones sindicales y estudiantiles.
En declaraciones a este periódico, el portavoz del colectivo convocante, José Manuel Oviedo, aseguró que en los centros públicos se imparte una educación de gran calidad y cuentan con un profesorado muy preparado y que pasa un riguroso proceso de selección. Del mismo modo, aseveró que en estos colegios e institutos está garantizada la equidad y el respeto a la diversidad de todo el alumnado. No obstante, Oviedo también apuntó que el Gobierno de Castilla-La Mancha todavía tiene que hacer mucho para dotar a los centros públicos de todos los recursos que precisan para que la labor educativa se desarrolle de la mejor manera posible.
En relación con todo esto, el representante de la asamblea criticó que para los centros públicos se establezca una ratio de alumnos por clase muy superior a la que se permite en los privados y en los concertados. Así, explicó que en los colegios de titularidad pública esta ratio es la misma en todo el territorio castellano-manchego, mientras que en los que no son públicos puede variar en función de la localidad donde estén ubicados.
Igualmente, precisó que en un colegio público la ratio para una clase de 3 años está en 25 alumnos, para las de 4 y 5 años se ha fijado en 28 y para todo el ciclo de Educación Primaria ha quedado establecida en 30 escolares. En cuanto a los privados y concertados, comentó que la proporción es mucho menor, ya que para 3 años se han establecido 11 alumnos, 15 para las aulas de 4 y 5 años y 16 para los cursos que van de primero a sexto de Primaria. «Esto demuestra que hay un trato de favor hacia los centros privados y concertados», comentó José Manuel Oviedo.
Respecto al posible cierre de aulas, dijo que hay colegios privados y concertados que han mantenido en activo clases pese a que no han llegado al mínimo exigido para ello. Por contra, señaló que en los públicos sí se han cerrado. Es más, anunció que en el Colegio Pablo Iglesias hay previsión de cerrar una de Educación Infantil y otra de Educación Primaria, mientras que en el Colegio José Bárcenas corre peligro una de Primaria. «Estamos en una clara situación de desventaja en los colegio públicos», apostilló.
La Asamblea en Defensa de la Educación Pública tiene previstas nuevas movilizaciones para el mes de marzo, centradas en esta ocasión en la petición de más recursos para mejorar la atención que se presta a los alumnos con necesidades educativas especiales. Del mismo modo, para mayo volverán a echarse a la calle para demandar que se potencie la Formación Profesional.
Castilla-La Mancha ha sido la región donde más ha bajado el gasto público en Educación en 2013, en concreto un 6,2%, según los datos de la última estadística del gasto público en Educación del Ministerio y el descenso en las administraciones educativas y universidades públicas fue del 3,2% respecto al año anterior. Junto a esta comunidad, el País Vasco también presenta menor gasto, un 4,2%.
Por su parte, Extremadura fue la región donde más creció el gasto público educativo en el mismo año, con un aumento del 3,7%. De las siete comunidades autónomas que aumentan su gasto público, tres (Asturias, Baleares y Canarias) no superaron el 1% y otras tres (Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra) no alcanzaron el 2%.
Para el conjunto de las Administraciones y universidades públicas el gasto ha descendido. Se trata del cuarto año consecutivo de bajada del gasto público educativo. En 2013, tuvo un presupuesto de 44.974,6 millones de euros, cifra que acarrea un descenso en relación al año 2012, -3,2% y que supone volver prácticamente a niveles de 2006, cuando el gasto era de 43.441,3 millones de euros. Es decir, 1.533,3 millones de euros menos entre 2012 y 2013. Este descenso aparece tanto en la educación no universitaria, (-2,%), como en la educación universitaria, (-0,4%).
España comenzó a recortar en educación en 2010 por primera vez en 30 años. Por su parte, los sindicatos han calculado que, desde entonces, el sistema ha perdido unos 25.000 docentes como consecuencia de los recortes. En los últimos cuatro años analizados se han perdido 7.764 millones de euros y todas las Administraciones sin excepción han metido la tijera en el gasto en escuelas y universidades. Las comunidades han reducido drásticamente las partidas con más gastos como becas o profesorado, de hecho, entre el 70 y el 75% del gasto de las 17 consejerías corresponde al de personal.
Los docentes no universitarios con plaza fija son los que más han sufrido las consecuencias de la crisis. Han sufrido el descenso más acusado de la historia: 33.684 maestros menos, una bajada del 8,1% en tres años y medio, en esta última legislatura. Esto significa que hay 23.501 empleados menos dedicados a la educación desde Primaria a Bachillerato, según el boletín semestral que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sin embargo, la interinidad docente ha aumentado. Lo han hecho en más de 10.000, que equivale a una subida del 12%.
A pesar de todo el ajuste, las consejerías de Educación de cada comunidad autónoma han asegurado reiteradamente que los recortes no han afectado a la calidad de la educación.
Lejos de la media europea
El informe del Ministerio de Educación también indica que, en términos de participación en el PIB del año 2013 (según su última actualización del pasado 15 de septiembre), se sitúa en un 4,36%. El último año en el que creció el gasto público educativo, según las estadísticas del Ministerio de Educación, fue 2009, cuando se llegó a 53.895 millones de euros. Además, cabe destacar que España está unas décimas alejado de la media europea. Según datos de Eurostat correspondientes a 2011, la media en Europa fue de 5,25% y según la OCDE, un 5,6% para los países de esta organización también para 2011.
Por otro lado, la mayor parte del presupuesto corresponde a las Administraciones educativas, es decir al Ministerio de Educación (MECD) y a las Consejerías y Departamentos de Educación y/o Universidades de las comunidades autónomas, con el 87,7%. El gasto en educación realizado por las Administraciones educativas desciende, -1,8%
En lo que se refiere a la distribución del gasto público entre las distintas actividades educativas, la Educación Infantil y Primaria, (incluida la Educación Especial), supone el 34,9% del total de gasto público en educación, Secundaria y Formación Profesional, el 28,9% y a continuación la Educación Universitaria con el 20,7%, mientras que las becas y ayudas al estudio alcanzan el 3,6%.
En cuanto al reparto del gasto por capítulos presupuestarios, el de personal representa el mayor porcentaje, el 58,5% del total; las transferencias corrientes suponen el 19,5% (conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada con un importe de 5.651,1 millones de euros).
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Por su parte, Extremadura fue la región donde más creció el gasto público educativo en el mismo año, con un aumento del 3,7%. De las siete comunidades autónomas que aumentan su gasto público, tres (Asturias, Baleares y Canarias) no superaron el 1% y otras tres (Comunidad Valenciana, La Rioja y Navarra) no alcanzaron el 2%.
Para el conjunto de las Administraciones y universidades públicas el gasto ha descendido. Se trata del cuarto año consecutivo de bajada del gasto público educativo. En 2013, tuvo un presupuesto de 44.974,6 millones de euros, cifra que acarrea un descenso en relación al año 2012, -3,2% y que supone volver prácticamente a niveles de 2006, cuando el gasto era de 43.441,3 millones de euros. Es decir, 1.533,3 millones de euros menos entre 2012 y 2013. Este descenso aparece tanto en la educación no universitaria, (-2,%), como en la educación universitaria, (-0,4%).
España comenzó a recortar en educación en 2010 por primera vez en 30 años. Por su parte, los sindicatos han calculado que, desde entonces, el sistema ha perdido unos 25.000 docentes como consecuencia de los recortes. En los últimos cuatro años analizados se han perdido 7.764 millones de euros y todas las Administraciones sin excepción han metido la tijera en el gasto en escuelas y universidades. Las comunidades han reducido drásticamente las partidas con más gastos como becas o profesorado, de hecho, entre el 70 y el 75% del gasto de las 17 consejerías corresponde al de personal.
Los docentes no universitarios con plaza fija son los que más han sufrido las consecuencias de la crisis. Han sufrido el descenso más acusado de la historia: 33.684 maestros menos, una bajada del 8,1% en tres años y medio, en esta última legislatura. Esto significa que hay 23.501 empleados menos dedicados a la educación desde Primaria a Bachillerato, según el boletín semestral que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Sin embargo, la interinidad docente ha aumentado. Lo han hecho en más de 10.000, que equivale a una subida del 12%.
A pesar de todo el ajuste, las consejerías de Educación de cada comunidad autónoma han asegurado reiteradamente que los recortes no han afectado a la calidad de la educación.
Lejos de la media europea
El informe del Ministerio de Educación también indica que, en términos de participación en el PIB del año 2013 (según su última actualización del pasado 15 de septiembre), se sitúa en un 4,36%. El último año en el que creció el gasto público educativo, según las estadísticas del Ministerio de Educación, fue 2009, cuando se llegó a 53.895 millones de euros. Además, cabe destacar que España está unas décimas alejado de la media europea. Según datos de Eurostat correspondientes a 2011, la media en Europa fue de 5,25% y según la OCDE, un 5,6% para los países de esta organización también para 2011.
Por otro lado, la mayor parte del presupuesto corresponde a las Administraciones educativas, es decir al Ministerio de Educación (MECD) y a las Consejerías y Departamentos de Educación y/o Universidades de las comunidades autónomas, con el 87,7%. El gasto en educación realizado por las Administraciones educativas desciende, -1,8%
En lo que se refiere a la distribución del gasto público entre las distintas actividades educativas, la Educación Infantil y Primaria, (incluida la Educación Especial), supone el 34,9% del total de gasto público en educación, Secundaria y Formación Profesional, el 28,9% y a continuación la Educación Universitaria con el 20,7%, mientras que las becas y ayudas al estudio alcanzan el 3,6%.
En cuanto al reparto del gasto por capítulos presupuestarios, el de personal representa el mayor porcentaje, el 58,5% del total; las transferencias corrientes suponen el 19,5% (conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada con un importe de 5.651,1 millones de euros).
Finalmente la mano revisora de la nueva gestión llegó a uno de los ministerios más calientes de la provincia: en la Dirección General de Cultura y Educación echó a más de 60 trabajadores de la planta temporaria mensualizada. El delegado de ATE en ese organismo, Alejandro Sánchez Moreno, dialogó con REALPOLITIK y dio detalles de la situación.
A continuación, la entrevista completa.
¿Qué situación atraviesan los trabajadores del ministerio?
Ayer la gestión de este ministerio encabezado por Alejandro Finocchiaro despidió a más de sesenta trabajadores de la planta temporaria mensualizada, es decir que los despidos no son de trabajadores precarizados sino que están dentro de la ley 10.430.
En esta manifestación reclamamos la reincorporación incondicional de trabajadores y denunciamos que los despidos son parte del ajuste general que está sufriendo la población trabajadora argentina vía inflación, despidos, devaluación, y ahora la semana que viene comienzan los tarifazos.
¿Hay algún temor de que luego de que se arregle la cuestión paritaria haya más despidos?
Sí, sobre todo si no logramos parar la oleada de despidos de ahora. Por eso nuestro reclamo a los sindicatos de que no se muestren solo preocupados de forma verbal sino que nos convoquen a una medida conjunta. Nosotros como junta interna no podemos hacerlo.
¿Manejan algún numero con respecto a la cantidad de despedidos?
Hay un estudio hecho por la CTA que da cuenta que sumados los despidos en Nación, municipios y en la provincia, ya son 20 mil los despedidos. Y no se contemplan los privados.
Sí, denunciamos que además no se discrimina entre colores políticos: en todos los municipios y provincias están echando gente. Y todos deben ser despedidos.
¿Cuál será el rol de los sindicatos este año?
Nosotros hacemos un pedido a las centrales de los sindicatos porque esta oleada de despidos exigen una respuesta unificada de carácter general y conjunto. Todos los sectores del trabajo reaccionan, pero son esfuerzos individuales. Nosotros somos partidarios de una medida general, con una marcha a Plaza de Mayo, donde vayamos con todos los reclamos: terminar con la precarización laboral, los despedidos reincorporados y que baje la canasta familiar.
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A continuación, la entrevista completa.
¿Qué situación atraviesan los trabajadores del ministerio?
Ayer la gestión de este ministerio encabezado por Alejandro Finocchiaro despidió a más de sesenta trabajadores de la planta temporaria mensualizada, es decir que los despidos no son de trabajadores precarizados sino que están dentro de la ley 10.430.
En esta manifestación reclamamos la reincorporación incondicional de trabajadores y denunciamos que los despidos son parte del ajuste general que está sufriendo la población trabajadora argentina vía inflación, despidos, devaluación, y ahora la semana que viene comienzan los tarifazos.
¿Hay algún temor de que luego de que se arregle la cuestión paritaria haya más despidos?
Sí, sobre todo si no logramos parar la oleada de despidos de ahora. Por eso nuestro reclamo a los sindicatos de que no se muestren solo preocupados de forma verbal sino que nos convoquen a una medida conjunta. Nosotros como junta interna no podemos hacerlo.
¿Manejan algún numero con respecto a la cantidad de despedidos?
Hay un estudio hecho por la CTA que da cuenta que sumados los despidos en Nación, municipios y en la provincia, ya son 20 mil los despedidos. Y no se contemplan los privados.
Sí, denunciamos que además no se discrimina entre colores políticos: en todos los municipios y provincias están echando gente. Y todos deben ser despedidos.
¿Cuál será el rol de los sindicatos este año?
Nosotros hacemos un pedido a las centrales de los sindicatos porque esta oleada de despidos exigen una respuesta unificada de carácter general y conjunto. Todos los sectores del trabajo reaccionan, pero son esfuerzos individuales. Nosotros somos partidarios de una medida general, con una marcha a Plaza de Mayo, donde vayamos con todos los reclamos: terminar con la precarización laboral, los despedidos reincorporados y que baje la canasta familiar.
Reunidos en asamblea, alumnos y profesores alertan de la entrada en la Universidad Complutense de los intereses privados.
Se avecinan tiempos convulsos para la universidad pública. Reunidos en asamblea, estudiantes de plataformas como La Uni en la Calle, La Caverna o Puño y Letra denunciaron este miércoles que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se enfrenta a los “nada disimulados” planes de progresiva privatización con la connivencia del actual rector, Carlos Andradas, y acordaron trabajar para poner en marcha diversas movilizaciones.
En virtud del texto aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCM y publicado en el Boletín Oficial de la universidad el pasado 12 de enero, la institución permite la entrada de «patrocinadores estratégicos» que podrán colocar profesores, investigadores o gestores en cualquier institución universitaria. Según denuncia La Uni en la Calle, las empresas privadas podrán de esa manera incidir de manera directa sobre los Planes de Estudio, crear titulaciones, dirigir y plantear proyectos de investigación, contratar profesores, obtener cátedras u organizar congresos. Incluso, quedarse con las patentes conseguidas en el ámbito universitario. Y todo ello, sirviéndose de las estructuras públicas de la universidad.
“Esta normativa no es nueva, sino que existe desde 1991”, explicó Fernando Ángel Moreno, profesor e investigador de la UCM y miembro de La Uni en la Calle. “Lo que ocurre es que estaba poco activada, y ahora se ha decidido ponerla en marcha, algo que consideramos realmente preocupante. Con todos los problemas que tenemos en la Complutense -becas, convenios, recortes…- se ha convocado un Consejo de Gobierno para poner esta normativa en marcha, lo cual es sintomático de por dónde pasan los planes de la universidad”.
“¿Puede esto suponer un problema a corto plazo?”, se pregunta Moreno. “Evidentemente, que dos o tres empresas hagan cosas esporádicas con la universidad no lo es, pero el peligro es que se crea un gran agujero de cara al futuro, pues en la práctica se permite hacer casi cualquier cosa con la universidad pública. Podemos tener más o menos simpatía por este rector, pero la realidad es que esta normativa abre la posibilidad de que cualquier otro, en un futuro próximo y sin rendir cuentas ante nadie, pueda convertir la UCM en Repsol UCM o L’Oreal UCM sin ningún tipo de pudor, recibiendo comisiones bajo manga y decidiendo qué contratos se hacen y cuáles no”, enfatiza Moreno. “No se trata de algo puntual, sino de una manera de entender la universidad en la que coinciden PSOE, Ciudadanos y por supuesto el PP”, subrayó.
La universidad-franquicia
“El reglamento tiene fundamentos jurídicos: los estatutos de la universidad recogen la necesaria relación fructífera que debe haber entre la universidad y las empresas, especialmente en el ámbito de la investigación”, explicó la también docente e investigadora Isabelle Marc. “El problema de este reglamento, que se ha aprobado sin convocar al claustro y de la manera más discreta posible, es que se confiere entidad a estas corporaciones para hacer lo que quieran y convertir a la Universidad Complutense en una franquicia. Tenemos que ser conscientes de que no es un problema menor, sino una cosa verdaderamente grave”.
Los estudiantes hicieron hincapié en la necesidad de que se produzcan protestas estudiantiles en los próximos meses, al tiempo que lamentaron la escasa movilización por parte de estudiantes, profesores y sindicatos, a los que llamaron a alzar su voz para proteger a la universidad pública de los intereses económicos de las empresas privadas.
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Se avecinan tiempos convulsos para la universidad pública. Reunidos en asamblea, estudiantes de plataformas como La Uni en la Calle, La Caverna o Puño y Letra denunciaron este miércoles que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se enfrenta a los “nada disimulados” planes de progresiva privatización con la connivencia del actual rector, Carlos Andradas, y acordaron trabajar para poner en marcha diversas movilizaciones.
En virtud del texto aprobado por el Consejo de Gobierno de la UCM y publicado en el Boletín Oficial de la universidad el pasado 12 de enero, la institución permite la entrada de «patrocinadores estratégicos» que podrán colocar profesores, investigadores o gestores en cualquier institución universitaria. Según denuncia La Uni en la Calle, las empresas privadas podrán de esa manera incidir de manera directa sobre los Planes de Estudio, crear titulaciones, dirigir y plantear proyectos de investigación, contratar profesores, obtener cátedras u organizar congresos. Incluso, quedarse con las patentes conseguidas en el ámbito universitario. Y todo ello, sirviéndose de las estructuras públicas de la universidad.
“Esta normativa no es nueva, sino que existe desde 1991”, explicó Fernando Ángel Moreno, profesor e investigador de la UCM y miembro de La Uni en la Calle. “Lo que ocurre es que estaba poco activada, y ahora se ha decidido ponerla en marcha, algo que consideramos realmente preocupante. Con todos los problemas que tenemos en la Complutense -becas, convenios, recortes…- se ha convocado un Consejo de Gobierno para poner esta normativa en marcha, lo cual es sintomático de por dónde pasan los planes de la universidad”.
“¿Puede esto suponer un problema a corto plazo?”, se pregunta Moreno. “Evidentemente, que dos o tres empresas hagan cosas esporádicas con la universidad no lo es, pero el peligro es que se crea un gran agujero de cara al futuro, pues en la práctica se permite hacer casi cualquier cosa con la universidad pública. Podemos tener más o menos simpatía por este rector, pero la realidad es que esta normativa abre la posibilidad de que cualquier otro, en un futuro próximo y sin rendir cuentas ante nadie, pueda convertir la UCM en Repsol UCM o L’Oreal UCM sin ningún tipo de pudor, recibiendo comisiones bajo manga y decidiendo qué contratos se hacen y cuáles no”, enfatiza Moreno. “No se trata de algo puntual, sino de una manera de entender la universidad en la que coinciden PSOE, Ciudadanos y por supuesto el PP”, subrayó.
La universidad-franquicia
“El reglamento tiene fundamentos jurídicos: los estatutos de la universidad recogen la necesaria relación fructífera que debe haber entre la universidad y las empresas, especialmente en el ámbito de la investigación”, explicó la también docente e investigadora Isabelle Marc. “El problema de este reglamento, que se ha aprobado sin convocar al claustro y de la manera más discreta posible, es que se confiere entidad a estas corporaciones para hacer lo que quieran y convertir a la Universidad Complutense en una franquicia. Tenemos que ser conscientes de que no es un problema menor, sino una cosa verdaderamente grave”.
Los estudiantes hicieron hincapié en la necesidad de que se produzcan protestas estudiantiles en los próximos meses, al tiempo que lamentaron la escasa movilización por parte de estudiantes, profesores y sindicatos, a los que llamaron a alzar su voz para proteger a la universidad pública de los intereses económicos de las empresas privadas.
Los agentes registraron las conversaciones del jefe de la empresa relacionada con las desviaciones de precios.
La Operación Taula, la macrorredada contra la corrupción del PP en Valencia desarrollada el pasado martes, se ha cruzado con otra investigación que había iniciado por su cuenta el nuevo gobierno autonómico y que justo este miércoles tenía previsto poner en conocimiento de la fiscalía. Se trata del expolio de dinero público registrado durante años en la construcción de unos 200 colegios e institutos en la Comunidad Valenciana y en el auge de las aulas provisionales (los llamados barracones). Una “auténtica estafa institucional” que ha sido cifrada en más de mil millones de euros en sobrecostes pagados por CIEGSA, la empresa pública creada en 2000 para la construcción de colegios y que el actual conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha rebautizado como una “Conselleria de Educación en B”.
La Guardia Civil irrumpió el martes en la sede de esta empresa y se hizo con todos los correos electrónicos, tanto corporativos como particulares, de Máximo Caturla, quien fue gerente de esta empresa pública entre 2004 y 2007. Caturla es uno de los 24 detenidos en la macrooperación contra la corrupción. Los agentes recabaron y se llevaron todas sus conversaciones vía mail como documentos para la investigación dirigida a probar si se cometió prevaricación, fraude, malversación de caudales, tráfico de influencias, soborno y blanqueo de capitales en la trama de corrupción para conseguir comisiones a cambio de adjudicaciones.
La denuncia que Esquerra Unida llevó al fiscal y que dio origen al caso Imelsa (germen de la trama de corrupción investigada) contenía grabaciones a Caturla durante su etapa en CIEGSA en las que se hablaba de su presunta participación en las mordidas, según explica Rosa Pérez, la diputada que denunció el escándalo. Un registro y una detención que agrava el saqueo de las arcas públicas para la construcción de los centros educativos valencianos y el despliegue de barracones por toda la Comunidad Valenciana.
LOS “PRECIOS ABULTADOS” EN LA ERA CATURLA
La Conselleria de Educación dio a conocer recientemente un informe elaborado por la Intervención de la Generalitat que sería la prueba de este saqueo. En dicho documento se han analizado los trece años de la empresa pública. En total, los costes de esta empresa creada para agilizar la construcción de colegios ascienden a 2.800 millones. Un gasto que se hizo sin ningún tipo de control por parte de la Generalitat y que ha llevado a detectar que las obras se realizaron con un sobrecoste medio del 36%. En cifras, la Intervención concluye que CIEGSA pagó el metro cuadrado de los colegios a 912 euros frente a los 670 euros que debían haber costado. “El metro de los colegios se pagaban como si fueran viviendas”, dijo el conceller de Educación, Vicent Marzà. Y de ahí los mil millones en sobrecostes.
Un derroche de dinero que, en palabras de los nuevos dirigentes el gobierno valenciano, ha mermado gravemente la posibilidad de construir más colegios y acabar con los eternos barracones que durante años han estado en el foco de las críticas de la comunidad educativa. La Generalitat ha gastado 92 millones de euros en aulas prefabricadas desde 2001. “Parece que se defendía un modelo de negocio en torno a los barracones”, apostilló Marzà. “Mientras se hacía negocio con los barracones vía Ciegsa, miles de familias y docentes eran engañados con promesas incumplidas sobre nuevas construcciones”, añadió ayer. Las aulas que debían haber sido provisionales se han eternizado dejando durante años a miles de escolares en barracones.
EL DESVÍO PRESUPUESTARIO
Las sospechas se han incrementado al cruzarse la Operación Taula con la investigación a CIEGSA. De hecho, los agentes de la UCO reclamaron y se llevaron junto a los mails una copia del informe de la Intervención que pone sobre la mesa los mil millones en sobrecostes. El papel que Caturla pudo tener en las presuntas mordidas se acrecienta al analizar su etapa al frente de la empresa pública (ahora en fase de liquidación). Máximo Caturla dirigió la sociedad desde 2004 a 2007, justo los años en los que mayor desvío hubo entre el coste previsto de las obras (la licitación) y lo que finalmente se pagó. En estos años se adjudicaron obras por 440 millones de euros y se acabó pagando 565.
En total, un desvío presupuestario que ronda los 125 millones de euros y que llegó a superar el 40% cuando la media global es de un 19% más de diferencia entre lo licitado y lo pagado. Eso sin contar con los sobrecostes de las obras. El diputado y portavoz socialista en las Cortes Valenciana, Manolo Mata, vincula la etapa de Caturla con los años en los que la adjudicación de los colegios se realizó “a precios muy abultados”.
“Yo siempre decía que los precios de los colegios crecían y sin embargo cada vez había más barracones que se alquilaban a precios altísimos”, comenta Ana Noguera, exdiputada socialista en las Cortes que denunció durante años las presuntas irregularidades en CIEGSA. Noguera recuerda el extraño incendio que en 2005 afectó a una nave de la empresa pública en el que se destruyeron numerosos documentos.
DE CIEGSA A LA DIPUTACIÓN DE RUS
Máximo Caturla, que fue detenido el martes y que debe prestar aún declaración ante el juez que instruye el caso, dejó la empresa pública de construcción de colegios en 2007. Es uno a quien se le responsabiliza del agujero dejado. El expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, cabecilla de la trama de Imelsa, le eligió para ocupar una de las vicepresidencias en la corporación provincial y para que se hiciera cargo de la cartera de Hacienda en 2007. Las grabaciones en las que se le involucra con el caso Imelsa son de su etapa al frente de la empresa de construcción de colegios y en ellas se le relaciona presuntamente con las mordidas.
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La Operación Taula, la macrorredada contra la corrupción del PP en Valencia desarrollada el pasado martes, se ha cruzado con otra investigación que había iniciado por su cuenta el nuevo gobierno autonómico y que justo este miércoles tenía previsto poner en conocimiento de la fiscalía. Se trata del expolio de dinero público registrado durante años en la construcción de unos 200 colegios e institutos en la Comunidad Valenciana y en el auge de las aulas provisionales (los llamados barracones). Una “auténtica estafa institucional” que ha sido cifrada en más de mil millones de euros en sobrecostes pagados por CIEGSA, la empresa pública creada en 2000 para la construcción de colegios y que el actual conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha rebautizado como una “Conselleria de Educación en B”.
La Guardia Civil irrumpió el martes en la sede de esta empresa y se hizo con todos los correos electrónicos, tanto corporativos como particulares, de Máximo Caturla, quien fue gerente de esta empresa pública entre 2004 y 2007. Caturla es uno de los 24 detenidos en la macrooperación contra la corrupción. Los agentes recabaron y se llevaron todas sus conversaciones vía mail como documentos para la investigación dirigida a probar si se cometió prevaricación, fraude, malversación de caudales, tráfico de influencias, soborno y blanqueo de capitales en la trama de corrupción para conseguir comisiones a cambio de adjudicaciones.
La denuncia que Esquerra Unida llevó al fiscal y que dio origen al caso Imelsa (germen de la trama de corrupción investigada) contenía grabaciones a Caturla durante su etapa en CIEGSA en las que se hablaba de su presunta participación en las mordidas, según explica Rosa Pérez, la diputada que denunció el escándalo. Un registro y una detención que agrava el saqueo de las arcas públicas para la construcción de los centros educativos valencianos y el despliegue de barracones por toda la Comunidad Valenciana.
LOS “PRECIOS ABULTADOS” EN LA ERA CATURLA
La Conselleria de Educación dio a conocer recientemente un informe elaborado por la Intervención de la Generalitat que sería la prueba de este saqueo. En dicho documento se han analizado los trece años de la empresa pública. En total, los costes de esta empresa creada para agilizar la construcción de colegios ascienden a 2.800 millones. Un gasto que se hizo sin ningún tipo de control por parte de la Generalitat y que ha llevado a detectar que las obras se realizaron con un sobrecoste medio del 36%. En cifras, la Intervención concluye que CIEGSA pagó el metro cuadrado de los colegios a 912 euros frente a los 670 euros que debían haber costado. “El metro de los colegios se pagaban como si fueran viviendas”, dijo el conceller de Educación, Vicent Marzà. Y de ahí los mil millones en sobrecostes.
Un derroche de dinero que, en palabras de los nuevos dirigentes el gobierno valenciano, ha mermado gravemente la posibilidad de construir más colegios y acabar con los eternos barracones que durante años han estado en el foco de las críticas de la comunidad educativa. La Generalitat ha gastado 92 millones de euros en aulas prefabricadas desde 2001. “Parece que se defendía un modelo de negocio en torno a los barracones”, apostilló Marzà. “Mientras se hacía negocio con los barracones vía Ciegsa, miles de familias y docentes eran engañados con promesas incumplidas sobre nuevas construcciones”, añadió ayer. Las aulas que debían haber sido provisionales se han eternizado dejando durante años a miles de escolares en barracones.
EL DESVÍO PRESUPUESTARIO
Las sospechas se han incrementado al cruzarse la Operación Taula con la investigación a CIEGSA. De hecho, los agentes de la UCO reclamaron y se llevaron junto a los mails una copia del informe de la Intervención que pone sobre la mesa los mil millones en sobrecostes. El papel que Caturla pudo tener en las presuntas mordidas se acrecienta al analizar su etapa al frente de la empresa pública (ahora en fase de liquidación). Máximo Caturla dirigió la sociedad desde 2004 a 2007, justo los años en los que mayor desvío hubo entre el coste previsto de las obras (la licitación) y lo que finalmente se pagó. En estos años se adjudicaron obras por 440 millones de euros y se acabó pagando 565.
En total, un desvío presupuestario que ronda los 125 millones de euros y que llegó a superar el 40% cuando la media global es de un 19% más de diferencia entre lo licitado y lo pagado. Eso sin contar con los sobrecostes de las obras. El diputado y portavoz socialista en las Cortes Valenciana, Manolo Mata, vincula la etapa de Caturla con los años en los que la adjudicación de los colegios se realizó “a precios muy abultados”.
“Yo siempre decía que los precios de los colegios crecían y sin embargo cada vez había más barracones que se alquilaban a precios altísimos”, comenta Ana Noguera, exdiputada socialista en las Cortes que denunció durante años las presuntas irregularidades en CIEGSA. Noguera recuerda el extraño incendio que en 2005 afectó a una nave de la empresa pública en el que se destruyeron numerosos documentos.
DE CIEGSA A LA DIPUTACIÓN DE RUS
Máximo Caturla, que fue detenido el martes y que debe prestar aún declaración ante el juez que instruye el caso, dejó la empresa pública de construcción de colegios en 2007. Es uno a quien se le responsabiliza del agujero dejado. El expresidente de la Diputación, Alfonso Rus, cabecilla de la trama de Imelsa, le eligió para ocupar una de las vicepresidencias en la corporación provincial y para que se hiciera cargo de la cartera de Hacienda en 2007. Las grabaciones en las que se le involucra con el caso Imelsa son de su etapa al frente de la empresa de construcción de colegios y en ellas se le relaciona presuntamente con las mordidas.
Un informe elaborado por el sindicato señala que el aumento del 1% en las retribuciones de los docentes no palia la congelación de los sueldos en los últimos seis años y la supresión de la paga extraordinaria de diciembre en 2012.
El recorte en los salarios de los profesores de Secundaria alcanza el 57% y la diferencia salarial acumulada desde 2010 supera los 14.500 euros. Así se desprende de un estudio realizado por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza del sindicato UGT ( FETE-UGT ), que sitúa el recorte en las retribuciones de los maestros de Primaria en un 44% —con una diferencia salarial de más de 9.000 euros— y en un 43% el del profesorado técnico de Formación Profesional, con una diferencia salarial acumulada en seis años que roza los 10.000 euros.
Los catedráticos no han corrido mejor suerte. El recorte en sus sueldos, según el informe de UGT, supera el 56% y la diferencia salarial acumulada desde 2006 alcanza los 15.300 euros.
La pérdida de poder adquisitivo de los docentes españoles es el resultado, dice el sindicato, de los recortes iniciados en 2006 —un tijeretazo variable en función del salario que alcanzó el 5% de media— y de la supresión, en 2012, de la paga extraordinaria de diciembre. UGT insiste en que la devolución parcial de esa paga que el Gobierno inició en 2015 ha supuesto "solamente la devolución de una pequeña parte de todo lo que se ha quitado".
Los sueldos de los profesores se mantuvieron congelados entre 2010 y 2015 y este año, "como consecuencia de las elecciones del 20-D, apunta UGT, el Gobierno aprobó la ley de presupuestos y en ella se aprobó el minúsculo aumento del 1% en las retribuciones, pero la pérdida sigue aumentando".
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El recorte en los salarios de los profesores de Secundaria alcanza el 57% y la diferencia salarial acumulada desde 2010 supera los 14.500 euros. Así se desprende de un estudio realizado por la Federación de Trabajadores de la Enseñanza del sindicato UGT ( FETE-UGT ), que sitúa el recorte en las retribuciones de los maestros de Primaria en un 44% —con una diferencia salarial de más de 9.000 euros— y en un 43% el del profesorado técnico de Formación Profesional, con una diferencia salarial acumulada en seis años que roza los 10.000 euros.
Los catedráticos no han corrido mejor suerte. El recorte en sus sueldos, según el informe de UGT, supera el 56% y la diferencia salarial acumulada desde 2006 alcanza los 15.300 euros.
La pérdida de poder adquisitivo de los docentes españoles es el resultado, dice el sindicato, de los recortes iniciados en 2006 —un tijeretazo variable en función del salario que alcanzó el 5% de media— y de la supresión, en 2012, de la paga extraordinaria de diciembre. UGT insiste en que la devolución parcial de esa paga que el Gobierno inició en 2015 ha supuesto "solamente la devolución de una pequeña parte de todo lo que se ha quitado".
Los sueldos de los profesores se mantuvieron congelados entre 2010 y 2015 y este año, "como consecuencia de las elecciones del 20-D, apunta UGT, el Gobierno aprobó la ley de presupuestos y en ella se aprobó el minúsculo aumento del 1% en las retribuciones, pero la pérdida sigue aumentando".
Política
OLTRA ANUNCIA UNA INVESTIGACIÓN DEL GOBIERNO VALENCIANO SOBRE LA TRAMA DE LOS BARRACONES PARA LOS COLEGIOS
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha anunciado este lunes una investigación del Consell sobre la supuesta trama de los barracones para colegios construidos en la época del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
En declaraciones La Sexta recogidas por Europa Press, Oltra ha denunciado que con el dinero que se llevó esa supuesta trama, desvelada por 'El Mundo', se podrían haber construido 10 colegios públicos para la comunidad, lo que habría permitido "sacar a los niños y niñas de los barracones".
Asimismo la también líder de Compromís ha querido recordar que detrás de todos los asuntos con montantes de dinero importantes, el nuevo gobierno de Valencia siempre se ha encontrado "alguna mano" desviando el dinero público a intereses particulares.
NO LE MOLESTAN LAS RASTAS, SINO LOS TRAJES PAGADOS CON DINERO PÚBLICO
Por otro lado, preguntada por las declaraciones de Camps contra los nuevos diputados del Congreso, Oltra ha respondido que a ella no le "molestan las rastas", sino "la gente que lleva trajes pagados con dinero sucio". "Desde luego el señor Camps no tiene catadura moral para dar lecciones públicas a nadie", ha sentenciado.
La líder de Compromís ha dicho que si bien a Camps los trajes le sentaban "realmente bien", lo que había detrás era una trama de corrupción de las más grandes que ha habido en España y que eso, es lo que a ella le da "miedo".
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En declaraciones La Sexta recogidas por Europa Press, Oltra ha denunciado que con el dinero que se llevó esa supuesta trama, desvelada por 'El Mundo', se podrían haber construido 10 colegios públicos para la comunidad, lo que habría permitido "sacar a los niños y niñas de los barracones".
Asimismo la también líder de Compromís ha querido recordar que detrás de todos los asuntos con montantes de dinero importantes, el nuevo gobierno de Valencia siempre se ha encontrado "alguna mano" desviando el dinero público a intereses particulares.
NO LE MOLESTAN LAS RASTAS, SINO LOS TRAJES PAGADOS CON DINERO PÚBLICO
Por otro lado, preguntada por las declaraciones de Camps contra los nuevos diputados del Congreso, Oltra ha respondido que a ella no le "molestan las rastas", sino "la gente que lleva trajes pagados con dinero sucio". "Desde luego el señor Camps no tiene catadura moral para dar lecciones públicas a nadie", ha sentenciado.
La líder de Compromís ha dicho que si bien a Camps los trajes le sentaban "realmente bien", lo que había detrás era una trama de corrupción de las más grandes que ha habido en España y que eso, es lo que a ella le da "miedo".
Una trama de empresas se repartió las licitaciones del Consell para instalar aulas prefabricadas en colegios públicos entre 2008 y 2012.
Los concursos 'trucados' de Ciegsa movieron 29 millones. Manipulaban y acordaban ofertas para asegurar las adjudicaciones.
El amaño de contratos públicos adjudicados por la Generalitat a empresas privadas parece que está moda. Si esta misma semana EL MUNDO ofrecía nuevos detalles sobre el cártel del fuego -el escándalo que investiga un juzgado de Sagunto sobre los presuntos fraudes cometidos por compañías del sector aéreo en las licitaciones relacionadas con las labores de extinción de incendios forestales-, el mercadeo practicado con los tristemente famosos barracones de la vergüenza que durante años poblaron los colegios de la Comunidad por falta de aulas, también revela la existencia de una trama perfectamente organizada para sacar la máxima tajada.
Y es que un selecto grupo de cinco empresas manipuló las licitaciones de la empresa pública Ciegsa entre 2008 y 2012 para repartirse las adjudicaciones referidas a la instalación de barracones en los colegios e institutos de la región y cuyo montante económico ascendió a 29 millones de euros.
Este conjunto de compañías mantuvo durante este periodo reuniones de altos directivos e intercambiaron cientos de comunicaciones y correos electrónicos para elaborar de forma coordinada y medida las ofertas a presentar en los concursos licitados por la Generalitat.
Preparaban sus plicas de tal forma que ya sabían, antes de que la Conselleria de Educación resolviera, a qué empresa se le iban adjudicar los contratos y en qué condiciones.
De este modo, se ponían de acuerdo para pactar los precios que ofrecían a la administración por instalar barracones en los centros educativos públicos. Esas ofertas, al no haber competencia, apenas introducían rebajas de precios, de forma que Ciegsa, empresa dependiente de la conselleria y encargada de la construcción de escuelas e institutos, pagó un considerable sobrecoste de dinero público por las famosas aulas prefabricadas que durante años inundaron el mapa escolar valenciano. Las empresas integrantes de este cártel aumentaban sus ingresos y su rentabilidad a costa del perjuicio sufrido por la administración.
Estas compañías -ABC Arquitectura Modular (con sede en Valencia); Balat; Dragados (ACS) y Remsa- han sido multadas con nueve millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El perjuicio
Las compañías que servían los barracones ganaban más al no presentar ofertas a la baja, así Educación pagaba sobrecostes.
Por su parte, a la firma Algeco, que también participó activamente en el cártel, se le perdonó la sanción (1,5 millones) al reconocer los hechos y aportar pruebas para la investigación.
Los inicios
Esta trama de los barracones comenzó a actuar en 2008. El 18 de abril de ese año, Ciegsa licita por seis millones de euros la adquisición de construcciones modulares -que se instalan en los colegios por la falta de aulas- para la red escolar. Según consta en la resolución de la CNMC, hubo contactos entre Algeco y ABC «al objeto de repartirse las licitaciones para el suministro de módulos en 2008 y, en concreto, acordaron el reparto de colegios públicos para que cada empresa se quedara con el centro en el que estaba interesada».
El regulador sostiene que también han quedado acreditados los acuerdos alcanzados por las empresas «para repartirse las adjudicaciones de 2009, 2010 y 2011» de Ciegsa. Los contactos entre estas empresas se producían «en diferentes momentos del proceso de contratación pública, dependiendo de las empresas que resultaran seleccionadas» por la conselleria.
Así, el 29 de enero de 2009 se hizo público el anuncio de Ciegsa para comprar decenas barracones por otros seis millones de euros. Se presentaron los grupos ABC, Algeco, Balat, Dragados, Mircomodul, Normetal y Remsa. Competencia defiende que «hay evidencias de los contactos fundamentalmente telefónicos, mantenidos a partir de enero de 2009» entre las empresas, así como de las reuniones celebradas entre dicho grupos y los acuerdos alcanzados por estos, con intercambio de datos donde se incluían los diferentes porcentajes de descuentos a presentar por cada una de dichas compañías.
El 'modus operandi'
Las empresas se reunían en Valencia para pactar sus plicas y elegir los centros educativos que querían adjudicarse.
A principios de 2009 se celebraron dos reuniones, previas a la apertura de las plicas, para fijar el nivel de descuento a ofertar. La primera reunión tuvo lugar en un restaurante en Valencia el 17 de febrero de 2009, participando directivos de ABC, Algeco, Dragados, Remsa y Mircomodul. En esta reunión, y en una posterior (25 de febrero de 2009) abordaron las condiciones que ofertarían para que una vez que Ciegsa abriera el concurso, publicara los centros escolares objeto de licitación y determinara los módulos necesarios para los mismos, cada una de las empresas pudiera garantizarse la adjudicación de los ansiados módulos.
La finalidad del acuerdo era conseguir una mayor rentabilidad al no presentar precios a la baja, de forma que las ofertas se hinchaban y Ciegsa pagaba más de lo que debía en realidad por los barracones.
Las empresas del cártel manejaban cuadros con los posibles colegios y/o institutos que se ofertarían por parte de Ciegsa. Así se evidencia en un correo electrónico de 3 de junio de 2009, remitido por ABC a Algeco, donde se traza una distribución de colegios y/o institutos, adjuntando al citado correo un cuadro en el que, por centros públicos, hay un reparto de módulos entre las empresas de la trama.
El 10 de junio de 2009, ABC envió un correo electrónico a Balat adjuntando una tabla con los centros educativos que podrían ser incluidos en las licitaciones, aunque variando el reparto de módulos que le toca a cada empresa (aquí ya no aparece la firma Normetal).
LAS MULTAS
- Los nombres propios de la 'red'. Las compañías integrantes del cártel son ABC Arquitectura Modular (con sede en Valencia); Alquibalat; Dragados (del grupo ACS) y Renta de Maquinaria. Han sido multadas con nueve millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- El indulto. A la firma Algeco, que también participó en la trama, se le perdonó la sanción (1,5 millones) al reconocer los hechos y aportar pruebas para la investigación.
También en junio de 2009, el director general de Algeco, reunido en un restaurante con un directivo de ABC y con otro de Dragados, se puso en contacto telefónico con el director territorial zona de Levante de Algeco para trasladarle el acuerdo de reparto de centros escolares, y para que llamara a los delegados territoriales de ABC, Remsa, Dragados y Balat para coordinarse con éstos «a los efectos de repartirse los contratos de forma que cada empresa» mantuviese su trozo de la tarta.
Una vez publicada la primera licitación de Ciegsa -22 de junio de 2009-, los integrantes del cártel se intercambiaron cuadros con el reparto de los colegios y los porcentajes de bajadas a presentar en sus ofertas, calculando las posibles puntuaciones que obtendrían para asegurarse el reparto de centros públicos y, por tanto, los módulos que cada empresa tendría asignados. El reparto previamente pactado se iba materializando a medida que se convocaban las correspondientes licitaciones por Ciegsa. La adjudicación de los colegios que posteriormente aprobó Ciegsa se realizó conforme a lo acordado por las empresas.
El reparto de la tarta
Más tarde, el 13 de marzo de 2010, Ciegsa anunció otro procedimiento para la contratación de barracones. Seis millones de euros más. Se presentaron ABC, Algeco, Balat, Dragados, Jahuel, Mircomodul, Normetal y Remsa.
El 26 de junio de ese año se publica la primera licitación; la última es del 24 de noviembre de 2011. Según Competencia, se mantienen «los acuerdos del cártel de reparto de centros y, por tanto, de módulos a suministrar».
El regulador señala que en 2010 «se siguió con el mismo procedimiento por las empresas participantes en el cártel». En este caso, las bajadas efectuadas en sus ofertas a Ciegsa por parte de las empresas coincidían con las pactadas previamente. Una vez presentadas las ofertas acordadas, la trama continuó los contactos para fijar las estrategias a seguir en las licitaciones convocadas por Ciegsa y repartirse los módulos que cada empresa suministraría.
Ya en 2011, Ciegsa decidió invertir otros 11 millones en barracones. Las licitaciones empezaron en junio de ese año y acabaron en junio de 2012. Su objeto era la instalación de aulas prefabricadas en 94 colegios. ABC, Algeco Remsa, Dragados y Balat establecieron contactos para diseñar la estrategia a realizar una vez que se convocaran las correspondientes licitaciones de los centros.
Excepto en la primera licitación, en la que el cártel pescó menos barracones por un error a la hora de presentar las ofertas, también se produjo un reparto de los centros, «ofertando las empresas los porcentajes de descuento respecto de los colegios objeto de licitación en función de la asignación previa realizada por el cártel». La CNMC añade que también intercambiaron información de forma constante para «la ejecución de estos acuerdos».
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Los concursos 'trucados' de Ciegsa movieron 29 millones. Manipulaban y acordaban ofertas para asegurar las adjudicaciones.
El amaño de contratos públicos adjudicados por la Generalitat a empresas privadas parece que está moda. Si esta misma semana EL MUNDO ofrecía nuevos detalles sobre el cártel del fuego -el escándalo que investiga un juzgado de Sagunto sobre los presuntos fraudes cometidos por compañías del sector aéreo en las licitaciones relacionadas con las labores de extinción de incendios forestales-, el mercadeo practicado con los tristemente famosos barracones de la vergüenza que durante años poblaron los colegios de la Comunidad por falta de aulas, también revela la existencia de una trama perfectamente organizada para sacar la máxima tajada.
Y es que un selecto grupo de cinco empresas manipuló las licitaciones de la empresa pública Ciegsa entre 2008 y 2012 para repartirse las adjudicaciones referidas a la instalación de barracones en los colegios e institutos de la región y cuyo montante económico ascendió a 29 millones de euros.
Este conjunto de compañías mantuvo durante este periodo reuniones de altos directivos e intercambiaron cientos de comunicaciones y correos electrónicos para elaborar de forma coordinada y medida las ofertas a presentar en los concursos licitados por la Generalitat.
Preparaban sus plicas de tal forma que ya sabían, antes de que la Conselleria de Educación resolviera, a qué empresa se le iban adjudicar los contratos y en qué condiciones.
De este modo, se ponían de acuerdo para pactar los precios que ofrecían a la administración por instalar barracones en los centros educativos públicos. Esas ofertas, al no haber competencia, apenas introducían rebajas de precios, de forma que Ciegsa, empresa dependiente de la conselleria y encargada de la construcción de escuelas e institutos, pagó un considerable sobrecoste de dinero público por las famosas aulas prefabricadas que durante años inundaron el mapa escolar valenciano. Las empresas integrantes de este cártel aumentaban sus ingresos y su rentabilidad a costa del perjuicio sufrido por la administración.
Estas compañías -ABC Arquitectura Modular (con sede en Valencia); Balat; Dragados (ACS) y Remsa- han sido multadas con nueve millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El perjuicio
Las compañías que servían los barracones ganaban más al no presentar ofertas a la baja, así Educación pagaba sobrecostes.
Por su parte, a la firma Algeco, que también participó activamente en el cártel, se le perdonó la sanción (1,5 millones) al reconocer los hechos y aportar pruebas para la investigación.
Los inicios
Esta trama de los barracones comenzó a actuar en 2008. El 18 de abril de ese año, Ciegsa licita por seis millones de euros la adquisición de construcciones modulares -que se instalan en los colegios por la falta de aulas- para la red escolar. Según consta en la resolución de la CNMC, hubo contactos entre Algeco y ABC «al objeto de repartirse las licitaciones para el suministro de módulos en 2008 y, en concreto, acordaron el reparto de colegios públicos para que cada empresa se quedara con el centro en el que estaba interesada».
El regulador sostiene que también han quedado acreditados los acuerdos alcanzados por las empresas «para repartirse las adjudicaciones de 2009, 2010 y 2011» de Ciegsa. Los contactos entre estas empresas se producían «en diferentes momentos del proceso de contratación pública, dependiendo de las empresas que resultaran seleccionadas» por la conselleria.
Así, el 29 de enero de 2009 se hizo público el anuncio de Ciegsa para comprar decenas barracones por otros seis millones de euros. Se presentaron los grupos ABC, Algeco, Balat, Dragados, Mircomodul, Normetal y Remsa. Competencia defiende que «hay evidencias de los contactos fundamentalmente telefónicos, mantenidos a partir de enero de 2009» entre las empresas, así como de las reuniones celebradas entre dicho grupos y los acuerdos alcanzados por estos, con intercambio de datos donde se incluían los diferentes porcentajes de descuentos a presentar por cada una de dichas compañías.
El 'modus operandi'
Las empresas se reunían en Valencia para pactar sus plicas y elegir los centros educativos que querían adjudicarse.
A principios de 2009 se celebraron dos reuniones, previas a la apertura de las plicas, para fijar el nivel de descuento a ofertar. La primera reunión tuvo lugar en un restaurante en Valencia el 17 de febrero de 2009, participando directivos de ABC, Algeco, Dragados, Remsa y Mircomodul. En esta reunión, y en una posterior (25 de febrero de 2009) abordaron las condiciones que ofertarían para que una vez que Ciegsa abriera el concurso, publicara los centros escolares objeto de licitación y determinara los módulos necesarios para los mismos, cada una de las empresas pudiera garantizarse la adjudicación de los ansiados módulos.
La finalidad del acuerdo era conseguir una mayor rentabilidad al no presentar precios a la baja, de forma que las ofertas se hinchaban y Ciegsa pagaba más de lo que debía en realidad por los barracones.
Las empresas del cártel manejaban cuadros con los posibles colegios y/o institutos que se ofertarían por parte de Ciegsa. Así se evidencia en un correo electrónico de 3 de junio de 2009, remitido por ABC a Algeco, donde se traza una distribución de colegios y/o institutos, adjuntando al citado correo un cuadro en el que, por centros públicos, hay un reparto de módulos entre las empresas de la trama.
El 10 de junio de 2009, ABC envió un correo electrónico a Balat adjuntando una tabla con los centros educativos que podrían ser incluidos en las licitaciones, aunque variando el reparto de módulos que le toca a cada empresa (aquí ya no aparece la firma Normetal).
LAS MULTAS
- Los nombres propios de la 'red'. Las compañías integrantes del cártel son ABC Arquitectura Modular (con sede en Valencia); Alquibalat; Dragados (del grupo ACS) y Renta de Maquinaria. Han sido multadas con nueve millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- El indulto. A la firma Algeco, que también participó en la trama, se le perdonó la sanción (1,5 millones) al reconocer los hechos y aportar pruebas para la investigación.
También en junio de 2009, el director general de Algeco, reunido en un restaurante con un directivo de ABC y con otro de Dragados, se puso en contacto telefónico con el director territorial zona de Levante de Algeco para trasladarle el acuerdo de reparto de centros escolares, y para que llamara a los delegados territoriales de ABC, Remsa, Dragados y Balat para coordinarse con éstos «a los efectos de repartirse los contratos de forma que cada empresa» mantuviese su trozo de la tarta.
Una vez publicada la primera licitación de Ciegsa -22 de junio de 2009-, los integrantes del cártel se intercambiaron cuadros con el reparto de los colegios y los porcentajes de bajadas a presentar en sus ofertas, calculando las posibles puntuaciones que obtendrían para asegurarse el reparto de centros públicos y, por tanto, los módulos que cada empresa tendría asignados. El reparto previamente pactado se iba materializando a medida que se convocaban las correspondientes licitaciones por Ciegsa. La adjudicación de los colegios que posteriormente aprobó Ciegsa se realizó conforme a lo acordado por las empresas.
El reparto de la tarta
Más tarde, el 13 de marzo de 2010, Ciegsa anunció otro procedimiento para la contratación de barracones. Seis millones de euros más. Se presentaron ABC, Algeco, Balat, Dragados, Jahuel, Mircomodul, Normetal y Remsa.
El 26 de junio de ese año se publica la primera licitación; la última es del 24 de noviembre de 2011. Según Competencia, se mantienen «los acuerdos del cártel de reparto de centros y, por tanto, de módulos a suministrar».
El regulador señala que en 2010 «se siguió con el mismo procedimiento por las empresas participantes en el cártel». En este caso, las bajadas efectuadas en sus ofertas a Ciegsa por parte de las empresas coincidían con las pactadas previamente. Una vez presentadas las ofertas acordadas, la trama continuó los contactos para fijar las estrategias a seguir en las licitaciones convocadas por Ciegsa y repartirse los módulos que cada empresa suministraría.
Ya en 2011, Ciegsa decidió invertir otros 11 millones en barracones. Las licitaciones empezaron en junio de ese año y acabaron en junio de 2012. Su objeto era la instalación de aulas prefabricadas en 94 colegios. ABC, Algeco Remsa, Dragados y Balat establecieron contactos para diseñar la estrategia a realizar una vez que se convocaran las correspondientes licitaciones de los centros.
Excepto en la primera licitación, en la que el cártel pescó menos barracones por un error a la hora de presentar las ofertas, también se produjo un reparto de los centros, «ofertando las empresas los porcentajes de descuento respecto de los colegios objeto de licitación en función de la asignación previa realizada por el cártel». La CNMC añade que también intercambiaron información de forma constante para «la ejecución de estos acuerdos».
Los partidos que han mostrado su firme disposición a derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) superan ya en el Congreso la mayoría absoluta necesaria (176 escaños) para modificar una norma de rango orgánico como la ‘Ley Wert’, alcanzando los 187 escaños.
Eso sí, por el momento se desconoce cuándo podrán empezar a tramitarse las iniciativas que esta semana presentaba el PSOE en la materia o las que otros grupos registren próximamente. La Mesa del Congreso está a la espera de conocer el informe jurídico que ha encargado para aclarar qué margen de tramitación tienen las propuestas que presenten los grupos parlamentarios mientras haya un Gobierno en funciones.
En todo caso, la intención de la mayor parte del nuevo arco parlamentario es tumbar la ‘Ley Wert’, especialmente teniendo en cuenta que desde julio de 2013 existe un compromiso parlamentario de paralizar la ley en cuanto cambiase la mayoría en la Cámara. Este pacto fue sellado por todas las formaciones políticas que entonces se encontraban en la oposición parlamentaria, salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN, que no quisieron sumarse al compromiso.
Así, han manifestado su deseo de tumbar la ‘Ley Wert': PSOE (89 diputados y firmó el acuerdo), Podemos (42), En Comú (12), Compromís-Podem (9, en el pacto), ERC (9, firmó el acuerdo), Democracia y Libertad –antigua CiU, que también selló el acuerdo parlamentario– (8 diputados), PNV (6, forma parte del acuerdo), En Marea (6), Izquierda Unida (2, se sumó al acuerdo), EH Bildu (2, también está en el pacto por derogarla), Coalición Canaria y Nueva Canarias (1 cada una, dentro del acuerdo).
Por el momento, el PSOE ha sido la única formación que ha presentado dos iniciativas parlamentarias para ello: una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a paralizar el calendario de implantación de la normativa, y otra proposición de ley que quieren que sirva para propiciar el acuerdo sobre ley básica de educación alternativa a la que quieren derogar.
Desde la formación que lidera Albert Rivera no piden expresamente finiquitar la LOMCE, pero propugnan la búsqueda de un pacto nacional en este materia. El líder de Ciudadanos anunció este jueves 14 de enero que iba a presentar una iniciativa para crear en el Congreso un grupo de trabajo entre parlamentarios y expertos con el objetivo de elaborar un documento que sirva de base para ese futuro pacto educativo.
Paralelamente, el viernes 15 de enero representantes de la Federación de Enseñanza de CC.OO., FETE-UGT, de la Confederación de STES-I, de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) y de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado (CEAPA) registraron una carta en el Congreso, dirigida al nuevo presidente y a los grupos parlamentarios que se conformen, en la que les instan a derogar de forma inmediata la Ley porque “ya hay mayoría parlamentaria para hacerlo”, y además antes de que finalice el primer periodo de sesiones, en el mes de junio.
LA LEY IMPULSADA POR WERT
La ley impulsada por el exministro José Ignacio Wert se aprobó en diciembre de 2013 con el único voto del PP, y supuso la reforma de Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2006 con los socialistas en el Gobierno.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentó que el objetivo de la nueva normativa, la séptima de la democracia, era “aumentar la calidad” del sistema educativo y reducir la alta tasa de abandono escolar temprano, que al inicio de la Legislatura se situaba en el 26,3 por ciento, muy por encima de la media de la Unión Europea.
Estas razones no bastaron para convencer a los grupos parlamentarios ni a buena parte de la comunidad educativa, entre docentes, sindicatos, padres de alumnos y estudiantes, que alertaron de que el texto nacía “muerto” ante la “falta de consenso” social y político.
Además, los sectores más conservadores argumentaron que la reforma era poco ambiciosa y no resolvía los problemas de la educación en España, mientras que los de izquierdas la definieron como “contrarreforma ideológica” y “franquista”.
Por su parte, los nacionalistas denunciaron la invasión competencial que, a su juicio, suponía la ley por la nueva distribución de los contenidos de las asignaturas entre el Estado y las comunidades autónomas, entre otros asuntos. Así, las ‘troncales’, comunes en todos los territorios, las define el ministerio, mientras que las de ‘libre configuración’, las administraciones autonómicas.
La también llamada ‘Ley Wert’ introdujo una disposición transitoria dirigida a Cataluña para que a las familias a las que esta administración no les garantizase el castellano como lengua vehicular en la enseñanza pública les pagase una plaza en la red privada.
Seis fueron los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la LOMCE: del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, del Gobierno y del Parlamento catalán, así como los ejecutivos regionales de Andalucía, Asturias y Canarias. Todos ellos fueron admitidos a trámite, pero esto no implicó la paralización de la ley.
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Eso sí, por el momento se desconoce cuándo podrán empezar a tramitarse las iniciativas que esta semana presentaba el PSOE en la materia o las que otros grupos registren próximamente. La Mesa del Congreso está a la espera de conocer el informe jurídico que ha encargado para aclarar qué margen de tramitación tienen las propuestas que presenten los grupos parlamentarios mientras haya un Gobierno en funciones.
En todo caso, la intención de la mayor parte del nuevo arco parlamentario es tumbar la ‘Ley Wert’, especialmente teniendo en cuenta que desde julio de 2013 existe un compromiso parlamentario de paralizar la ley en cuanto cambiase la mayoría en la Cámara. Este pacto fue sellado por todas las formaciones políticas que entonces se encontraban en la oposición parlamentaria, salvo UPyD, Foro de Asturias y UPN, que no quisieron sumarse al compromiso.
Así, han manifestado su deseo de tumbar la ‘Ley Wert': PSOE (89 diputados y firmó el acuerdo), Podemos (42), En Comú (12), Compromís-Podem (9, en el pacto), ERC (9, firmó el acuerdo), Democracia y Libertad –antigua CiU, que también selló el acuerdo parlamentario– (8 diputados), PNV (6, forma parte del acuerdo), En Marea (6), Izquierda Unida (2, se sumó al acuerdo), EH Bildu (2, también está en el pacto por derogarla), Coalición Canaria y Nueva Canarias (1 cada una, dentro del acuerdo).
Por el momento, el PSOE ha sido la única formación que ha presentado dos iniciativas parlamentarias para ello: una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a paralizar el calendario de implantación de la normativa, y otra proposición de ley que quieren que sirva para propiciar el acuerdo sobre ley básica de educación alternativa a la que quieren derogar.
Desde la formación que lidera Albert Rivera no piden expresamente finiquitar la LOMCE, pero propugnan la búsqueda de un pacto nacional en este materia. El líder de Ciudadanos anunció este jueves 14 de enero que iba a presentar una iniciativa para crear en el Congreso un grupo de trabajo entre parlamentarios y expertos con el objetivo de elaborar un documento que sirva de base para ese futuro pacto educativo.
Paralelamente, el viernes 15 de enero representantes de la Federación de Enseñanza de CC.OO., FETE-UGT, de la Confederación de STES-I, de la Federación de Asociaciones de Estudiantes (FAEST) y de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado (CEAPA) registraron una carta en el Congreso, dirigida al nuevo presidente y a los grupos parlamentarios que se conformen, en la que les instan a derogar de forma inmediata la Ley porque “ya hay mayoría parlamentaria para hacerlo”, y además antes de que finalice el primer periodo de sesiones, en el mes de junio.
LA LEY IMPULSADA POR WERT
La ley impulsada por el exministro José Ignacio Wert se aprobó en diciembre de 2013 con el único voto del PP, y supuso la reforma de Ley Orgánica de Educación, aprobada en 2006 con los socialistas en el Gobierno.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentó que el objetivo de la nueva normativa, la séptima de la democracia, era “aumentar la calidad” del sistema educativo y reducir la alta tasa de abandono escolar temprano, que al inicio de la Legislatura se situaba en el 26,3 por ciento, muy por encima de la media de la Unión Europea.
Estas razones no bastaron para convencer a los grupos parlamentarios ni a buena parte de la comunidad educativa, entre docentes, sindicatos, padres de alumnos y estudiantes, que alertaron de que el texto nacía “muerto” ante la “falta de consenso” social y político.
Además, los sectores más conservadores argumentaron que la reforma era poco ambiciosa y no resolvía los problemas de la educación en España, mientras que los de izquierdas la definieron como “contrarreforma ideológica” y “franquista”.
Por su parte, los nacionalistas denunciaron la invasión competencial que, a su juicio, suponía la ley por la nueva distribución de los contenidos de las asignaturas entre el Estado y las comunidades autónomas, entre otros asuntos. Así, las ‘troncales’, comunes en todos los territorios, las define el ministerio, mientras que las de ‘libre configuración’, las administraciones autonómicas.
La también llamada ‘Ley Wert’ introdujo una disposición transitoria dirigida a Cataluña para que a las familias a las que esta administración no les garantizase el castellano como lengua vehicular en la enseñanza pública les pagase una plaza en la red privada.
Seis fueron los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional contra la LOMCE: del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, del Gobierno y del Parlamento catalán, así como los ejecutivos regionales de Andalucía, Asturias y Canarias. Todos ellos fueron admitidos a trámite, pero esto no implicó la paralización de la ley.
Más de 2.000 profesores universitarios han firmado un texto denunciando la violencia del Estado en el sudeste kurdo y la justicia inicia una investigación penal.
La policía turca ha detenido a 22 académicos –y busca a otros 5 más- a los que se acusa de “propaganda terrorista” por firmar un manifiesto crítico con la política del Gobierno en el sudeste kurdo del país. Además, la justicia ha iniciado una investigación criminal sobre otros 130 por el mismo motivo y los centros educativos han abierto expedientes a decenas de profesores que habían incluido su nombre en la lista de firmantes.
La polémica se abrió el pasado lunes cuando más de mil docentes e investigadores firmaron un manifiesto en el que se considera un “crimen” la política seguida por el Ejecutivo islamista en su lucha contra los militantes y simpatizantes del grupo armado kurdo PKK, considerado terrorista en Turquía, la UE y EE UU. En el texto, los académicos turcos critican duramente los cercos y estados de excepción impuestos a varias localidades kurdas en los que, según el manifiesto, se están dejando a sus habitantes “a merced del hambre y la sed, e instan al Gobierno a “respetar las normas de derecho internacional y los tratados de los que es parte Turquía”, además de pedir el envío de observadores independientes a la zona, el “fin inmediato de la violencia que ejerce el Estado contra sus ciudadanos” y que se retome el proceso de paz roto el pasado año. El manifiesto, cuyas firmas ya sobrepasan los dos millares, ha recibido también el apoyo de intelectuales de talla internacional como Noam Chomsky, David Harvey, Immanuel Wallerstein y Judith Butler, entre otros.
El Ejecutivo reaccionó enfurecido contra esta iniciativa y el presidente de la República, Recep Tayyip Erdogan, tachó a los firmantes de “traidores” y de “cómplices del PKK”. “Esta panda, que se autodenominan académicos, acusa al Estado con un duro comunicado. No sólo eso, sino que invitan a extranjeros a que monitoricen lo que sucede. Esta es la mentalidad del colonialismo”, añadió, pidiendo a la justicia que tome cartas en el asunto. También arremetió contra los intelectuales que apoyaron a los académicos turcos, calificándolos de ignorantes e invitándoles a visitar Turquía: “Chomsky puede ver lo que ocurre con sus propios ojos, no a través de los de unos quintacolumnistas”. Algo a lo que Chomsky respondió tachando a Erdogan de “hipócrita”.
Por si fuera poco, Sedat Peker, un antiguo líder del crimen organizado que en el último año se ha acercado al partido islamista gobernante, amenazó a los firmantes del manifiesto diciendo: “Vuestra sangre correrá a raudales y nos daremos una ducha con ella”. La oposición socialdemócrata y pro-kurda ha denunciado la detención de los profesores como “una nueva oscura mancha en la historia de la democracia turca” y han condenado las amenazas pronunciadas contra ellos. Incluso el embajador de EEUU, John Bass, criticó los arrestos y recordó que “en sociedades democráticas es imperativo que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, aunque sean controvertidas o impopulares”.
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La policía turca ha detenido a 22 académicos –y busca a otros 5 más- a los que se acusa de “propaganda terrorista” por firmar un manifiesto crítico con la política del Gobierno en el sudeste kurdo del país. Además, la justicia ha iniciado una investigación criminal sobre otros 130 por el mismo motivo y los centros educativos han abierto expedientes a decenas de profesores que habían incluido su nombre en la lista de firmantes.
La polémica se abrió el pasado lunes cuando más de mil docentes e investigadores firmaron un manifiesto en el que se considera un “crimen” la política seguida por el Ejecutivo islamista en su lucha contra los militantes y simpatizantes del grupo armado kurdo PKK, considerado terrorista en Turquía, la UE y EE UU. En el texto, los académicos turcos critican duramente los cercos y estados de excepción impuestos a varias localidades kurdas en los que, según el manifiesto, se están dejando a sus habitantes “a merced del hambre y la sed, e instan al Gobierno a “respetar las normas de derecho internacional y los tratados de los que es parte Turquía”, además de pedir el envío de observadores independientes a la zona, el “fin inmediato de la violencia que ejerce el Estado contra sus ciudadanos” y que se retome el proceso de paz roto el pasado año. El manifiesto, cuyas firmas ya sobrepasan los dos millares, ha recibido también el apoyo de intelectuales de talla internacional como Noam Chomsky, David Harvey, Immanuel Wallerstein y Judith Butler, entre otros.
El Ejecutivo reaccionó enfurecido contra esta iniciativa y el presidente de la República, Recep Tayyip Erdogan, tachó a los firmantes de “traidores” y de “cómplices del PKK”. “Esta panda, que se autodenominan académicos, acusa al Estado con un duro comunicado. No sólo eso, sino que invitan a extranjeros a que monitoricen lo que sucede. Esta es la mentalidad del colonialismo”, añadió, pidiendo a la justicia que tome cartas en el asunto. También arremetió contra los intelectuales que apoyaron a los académicos turcos, calificándolos de ignorantes e invitándoles a visitar Turquía: “Chomsky puede ver lo que ocurre con sus propios ojos, no a través de los de unos quintacolumnistas”. Algo a lo que Chomsky respondió tachando a Erdogan de “hipócrita”.
Por si fuera poco, Sedat Peker, un antiguo líder del crimen organizado que en el último año se ha acercado al partido islamista gobernante, amenazó a los firmantes del manifiesto diciendo: “Vuestra sangre correrá a raudales y nos daremos una ducha con ella”. La oposición socialdemócrata y pro-kurda ha denunciado la detención de los profesores como “una nueva oscura mancha en la historia de la democracia turca” y han condenado las amenazas pronunciadas contra ellos. Incluso el embajador de EEUU, John Bass, criticó los arrestos y recordó que “en sociedades democráticas es imperativo que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, aunque sean controvertidas o impopulares”.
Para CCOO el gobierno del PP ha aumentado la precariedad laboral y profesional de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza; ha recortado la inversión en educación; y ha eliminado las políticas socioeducativas que garantizan el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades para una parte importante del alumnado.
Para CCOO hay en este momento una mayoría en el parlamento comprometida en su día con la derogación de la Lomce, por lo que exige a los grupos la presentación de una iniciativa parlamentaria encaminada a suprimir esta ley educativa.
La Federación de Enseñanza del sindicato insta al nuevo parlamento a revertir los recortes en la inversión educativa y recuperar el empleo y las condiciones sociales, laborales y profesionales de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza. Además, reclama el desarrollo de un plan urgente con las medidas socioeducativas necesarias (becas en general y ayudas) para garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades que la Lomce ha eliminado, perjudicando a las personas más vulnerables y, en consecuencia, a la equidad.
CCOO hace un llamamiento a las organizaciones sociales de la comunidad educativa para que de forma conjunta trabajemos por la derogación de la Lomce una ley injusta, innecesaria e ineficaz, y contra las políticas de recortes del ejecutivo del PP hoy en funciones.
Un gobierno que durante los cuatro años de mandato no ha resuelto los problemas del sistema educativo sino que los ha agudizado: ha aumentado la precariedad laboral y profesional de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza; ha recortado duramente la inversión en educación, no existiendo un suelo (5%) ni un techo presupuestario (7%) que garantice unos mínimos de calidad al sistema educativo; y ha eliminado las políticas educativas que garantizan el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades para una parte importante del alumnado.
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Para CCOO hay en este momento una mayoría en el parlamento comprometida en su día con la derogación de la Lomce, por lo que exige a los grupos la presentación de una iniciativa parlamentaria encaminada a suprimir esta ley educativa.
La Federación de Enseñanza del sindicato insta al nuevo parlamento a revertir los recortes en la inversión educativa y recuperar el empleo y las condiciones sociales, laborales y profesionales de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza. Además, reclama el desarrollo de un plan urgente con las medidas socioeducativas necesarias (becas en general y ayudas) para garantizar el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades que la Lomce ha eliminado, perjudicando a las personas más vulnerables y, en consecuencia, a la equidad.
CCOO hace un llamamiento a las organizaciones sociales de la comunidad educativa para que de forma conjunta trabajemos por la derogación de la Lomce una ley injusta, innecesaria e ineficaz, y contra las políticas de recortes del ejecutivo del PP hoy en funciones.
Un gobierno que durante los cuatro años de mandato no ha resuelto los problemas del sistema educativo sino que los ha agudizado: ha aumentado la precariedad laboral y profesional de los trabajadores y las trabajadoras de la enseñanza; ha recortado duramente la inversión en educación, no existiendo un suelo (5%) ni un techo presupuestario (7%) que garantice unos mínimos de calidad al sistema educativo; y ha eliminado las políticas educativas que garantizan el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades para una parte importante del alumnado.
Política
ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS CREAN UNA PLATAFORMA PARA CANALIZAR SUS REIVINDICACIONES AL NUEVO GOBIERNO
La plataforma, aglutinará todas las peticiones de los padres y madres de alumnos y les permitirá presentarlas de forma "más efectiva y coordinada".
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha puesto en marcha una plataforma para que los ciudadanos puedan presentar sus quejas y reivindicaciones sobre el sector educativo y estas lleguen de forma más directa al futuro nuevo Gobierno y a los nuevos responsables del Ministerio de Educación.
La plataforma , aglutinará todas las peticiones de los padres y madres de alumnos y les permitirá presentarlas de forma "más efectiva y coordinada".
Con esta iniciativa y bajo el hashtag 'CuatroAñosMásAsíNo' CEAPA dice adiós al 2015 y da la bienvenida al nuevo año 2016 en el que espera que se produzca un cambio en el Gobierno y que se derogue la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
"El Gobierno que ahora nos abandona pasará a formar parte ya del pasado y, como se merece, será olvidado de inmediato, salvo para que no se repita ninguno de los pasos que ha dado en materia educativa en los largos y penosos cuatro años que nos ha gobernado", subraya.
Para CEAPA, han sido cuatro años "de imposición ideológica, de ataque al derecho a la educación, de acoso y derribo a la escuela pública, de desprecio e insulto a la comunidad educativa y de intento constante de desprestigio y ninguneo a las organizaciones de padres y madres del alumnado".
Concretamente, la Confederación denuncia que durante esta legislatura se ha intentado "limitar el derecho a la educación, impedir a los hijos de las familias que no pertenecen a las clases más favorecidas que pudieran realizar estudios de nivel superior, privatizar la educación, trasvasar alumnado de la escuela pública a la privada y adoctrinar al alumnado con el regreso de una catequesis evaluable en los centros educativos".
"CEAPA despide al Gobierno actual, y en especial a los responsables que han pasado estos cuatro años por el Ministerio de Educación, con sensación de que nos libramos de una pesada carga. Ahora sólo toca que nadie se olvide de los cuatro años que hemos sufrido y los diferentes partidos actúen en consecuencia llevando a cabo su compromiso de derogación de la LOMCE", insisten.
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La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha puesto en marcha una plataforma para que los ciudadanos puedan presentar sus quejas y reivindicaciones sobre el sector educativo y estas lleguen de forma más directa al futuro nuevo Gobierno y a los nuevos responsables del Ministerio de Educación.
La plataforma , aglutinará todas las peticiones de los padres y madres de alumnos y les permitirá presentarlas de forma "más efectiva y coordinada".
Con esta iniciativa y bajo el hashtag 'CuatroAñosMásAsíNo' CEAPA dice adiós al 2015 y da la bienvenida al nuevo año 2016 en el que espera que se produzca un cambio en el Gobierno y que se derogue la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
"El Gobierno que ahora nos abandona pasará a formar parte ya del pasado y, como se merece, será olvidado de inmediato, salvo para que no se repita ninguno de los pasos que ha dado en materia educativa en los largos y penosos cuatro años que nos ha gobernado", subraya.
Para CEAPA, han sido cuatro años "de imposición ideológica, de ataque al derecho a la educación, de acoso y derribo a la escuela pública, de desprecio e insulto a la comunidad educativa y de intento constante de desprestigio y ninguneo a las organizaciones de padres y madres del alumnado".
Concretamente, la Confederación denuncia que durante esta legislatura se ha intentado "limitar el derecho a la educación, impedir a los hijos de las familias que no pertenecen a las clases más favorecidas que pudieran realizar estudios de nivel superior, privatizar la educación, trasvasar alumnado de la escuela pública a la privada y adoctrinar al alumnado con el regreso de una catequesis evaluable en los centros educativos".
"CEAPA despide al Gobierno actual, y en especial a los responsables que han pasado estos cuatro años por el Ministerio de Educación, con sensación de que nos libramos de una pesada carga. Ahora sólo toca que nadie se olvide de los cuatro años que hemos sufrido y los diferentes partidos actúen en consecuencia llevando a cabo su compromiso de derogación de la LOMCE", insisten.
La Universidad Americana (UAM), despidió el 30 de noviembre a tres académicos críticos con el Gobierno de Nicaragua. Se trata del doctor Alejandro Aguilar, quien fungía como decano de la escuela de Derecho; el doctor Álvaro Porta, decano de Ciencias Administrativas y Luis Carrión, director de Desarrollo Institucional.
Mientras que la doctora María de Jesús Fuentes, quien era decana de la escuela de Relaciones Internacionales, renunció a su cargo.
Porta confirmó a LA PRENSA que, a través del rector Ernesto Medina, la universidad había decidido cesarlo del cargo que ocupó durante siete años.
El accionista mayoritario de la UAM es el Ejército de Nicaragua a través del Instituto de Previsión Social Militar. LA PRENSA intentó comunicarse con Medina y el vicepresidente de la junta directiva de la Universidad, Helio Montenegro, pero no contestaron las llamadas a sus teléfonos celulares.
“Mi compromiso es con la educación y con el país. Siempre creí y sigo creyendo que parte de mi trabajo era promover el pensamiento crítico, no permanecer alineado”, dijo Porta cuando se le consultó si perdió su cargo por su forma de pensar.
En septiembre pasado la UAM canceló inesperadamente un foro del periodista Carlos Fernando Chamorro y la periodista mexicana Carmen Aristegui. Chamorro, que celebraba los 15 años del programa de televisión Esta Semana, informó durante el evento que finalmente se hizo en la Alianza Francesa, que el doctor Medina le había notificado que la junta directiva había decidido cancelar el evento.
Lea: Socios de la UAM guardan silencio
Semanas después se conoció que la UAM se salió de un convenio que tenía con organizaciones de la sociedad civil y con el NDI (Instituto Nacional Demócrata, siglas en inglés) para promover diplomados a líderes políticos.
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Mientras que la doctora María de Jesús Fuentes, quien era decana de la escuela de Relaciones Internacionales, renunció a su cargo.
Porta confirmó a LA PRENSA que, a través del rector Ernesto Medina, la universidad había decidido cesarlo del cargo que ocupó durante siete años.
El accionista mayoritario de la UAM es el Ejército de Nicaragua a través del Instituto de Previsión Social Militar. LA PRENSA intentó comunicarse con Medina y el vicepresidente de la junta directiva de la Universidad, Helio Montenegro, pero no contestaron las llamadas a sus teléfonos celulares.
“Mi compromiso es con la educación y con el país. Siempre creí y sigo creyendo que parte de mi trabajo era promover el pensamiento crítico, no permanecer alineado”, dijo Porta cuando se le consultó si perdió su cargo por su forma de pensar.
En septiembre pasado la UAM canceló inesperadamente un foro del periodista Carlos Fernando Chamorro y la periodista mexicana Carmen Aristegui. Chamorro, que celebraba los 15 años del programa de televisión Esta Semana, informó durante el evento que finalmente se hizo en la Alianza Francesa, que el doctor Medina le había notificado que la junta directiva había decidido cancelar el evento.
Lea: Socios de la UAM guardan silencio
Semanas después se conoció que la UAM se salió de un convenio que tenía con organizaciones de la sociedad civil y con el NDI (Instituto Nacional Demócrata, siglas en inglés) para promover diplomados a líderes políticos.