Pide enseñanza en castellano pero la Conselleria no responde a su petición en la matrícula. Su hijo sólo recibe cuatro horas de español y dos de inglés en un colegio de Palma.

María pide enseñanza en castellano para su hijo desde el primer día que entró por la puerta del colegio. Tres años más tarde, el pequeño sigue sumido en un sistema de inmersión lingüística ante la pasividad de la Administración y con el beneplácito del centro. Harta de llamar a todas las puertas y de no obtener una solución ha decidido recurrir a la Justicia y ha interpuesto un contencioso administrativo contra la Conselleria de Educación del Govern balear por negarle su derecho a la libre elección de lengua.

En Baleares existe una normativa que desde 2012 permite a los padres elegir la lengua de lectorescritura (esto es, el idioma con el que aprenden a leer y escribir) pero el procedimiento ha sido un auténtico fiasco. Los centros públicos, la mayoría con un fuerte sentimiento nacionalista, presionan a los padres para que no elijan la casilla del castellano. El resultado es que pocas o ninguna familia están haciendo uso de su derecho. La Conselleria de Educación intentó evitarlo sin éxito a través del proceso telemático.

María lo ha vivido en primera persona. Inscribió a su niño de tres años en el colegio público de Pràctiques de Palma cuando empezó 3º de infantil. Los problemas comenzaron cuando seleccionó la casilla de castellano. El director la llamó al despacho para decirle que el menor iba a ser un «bicho raro», que no tendrían más remedio que aislarle en un aula porque nadie más había elegido castellano. «Me dijo que el castellano no era beneficioso para el niño porque no se integraría, me hizo creer que estaría solo, que recibiría las clases como si fueran particulares y que sería un castigo porque no tendría amigos. Me coaccionó, me metió miedo y me hizo cambiar la casilla de lengua en contra de mi voluntad», relata esta madre.

Más tarde, se enteró de que otras familias del colegio habían pedido castellano pero la dirección también les había metido el miedo en el cuerpo para que sucumbieran ante las bondades integradoras del catalán. «Todo era una estrategia para seguir con la inmersión lingüística, con la política de la lengua, mercantilizando a los alumnos», denuncia.

María no se conformó y esperó su segunda oportunidad para reivindicar su derecho a elegir lengua. Fue este curso. El pequeño pasaba de ciclo, de infantil a primaria, momento en el cual tendría que hacer la matrícula definitiva. «Hasta entonces mi hijo estaba adscrito al centro en infantil y la ley obliga a matricular a los niños a los seis años», puntualiza. Pero el sobre de matriculación del Pràctiques llegó sin la posibilidad de elección de lengua. Desde entonces se ha hartado de pedirla continuamente con escritos a Inspección Educativa, al centro y a la Conselleria de Educación. Nadie le ha hecho caso.

Comenzó el nuevo curso en septiembre y su hijo siguió en una clase y con una educación que ella no había elegido. «Me di cuenta de que cuando metemos a nuestros hijos en un centro, quedan matriculados en catalán automáticamente. Me di cuenta de que los padres no están decidiendo la educación de sus hijos en Baleares sino que, por desgracia, la deciden los centros», reflexiona.

En octubre de 2014 y sin ninguna contestación por parte del Govern, María mandó otro escrito donde nuevamente reclamaba su derecho a la libre elección de lengua. Les explicaba que se amparaba en las sentencias previas que avalaban su derecho, les advertía de que la inmersión a la que sometían a su hijo era ilegal y les advertía que tomaría medidas legales si no atendían su demanda.

La amenaza surtió efecto y el centro respondió con una carta «muy curiosa» donde adoptaba el papel de la propia conselleria. En ella le negaban su derecho basándose en otras órdenes, y le aseguraban que sólo podían elegir lengua en primaria los padres que no habían matriculado en infantil. «Llevo pidiendo enseñanza en castellano desde el primer día, saben que mi hijo no estaba matriculado en el centro, sino sólo admitido y aun así son tan cínicos de negarme mi derecho», rebate la madre.

La directora del colegio Pràctiques aseguró ayer a este rotativo que no tiene «constancia» de presiones a los padres para elegir catalán, todo lo contrario «las familias nos eligen porque nuestro proyecto lingüístico tiene una tradición y se da casi todo en catalán». Asegura que muy pocos padres eligen castellano -aunque no da cifras- y que sólo cinco familias piden las circulares en esta lengua. Respecto a la matrícula del hijo de María, la directora se limitó a decir que el centro cumple la ley y no está obligado a ofrecer lengua si la madre ya la eligió en infantil. ¿Y si se la presionó y ahora quiere cambiarla con el sobre de matrícula de primaria? La docente dice que no se puede hacer nada.

María ha decidido llevar el caso ante los tribunales para que «sea un juez y no un colegio» quien le dé o le quite la razón. En abril interpuso un contencioso administrativo y ahora espera ganarlo porque la jurisprudencia está de su lado. «Hay varias sentencias que van en el mismo sentido de mi reclamación. Sólo espero que los padres se conciencien de que podemos elegir la educación, al igual que elegimos pediatra o centro», reivindica.

Mientras tanto, asegura que quien enseña castellano a su hijo es ella; con cuadernillos y en casa. Ni una canción en castellano ha aprendido en todos estos años. «El centro dice que ya la aprenderá viendo la televisión», reconoce indignada. Al menos, dice, los profesores la tratan con educación y su hijo no ha recibido represalias. «En ese sentido tengo suerte».

Baleares, en contra del Supremo y el Gobierno

La denuncia de esta madre en Baleares coincide con la reciente resolución del Tribunal Supremo que avala el uso del castellano en las escuelas catalanas donde se impone la inmersión lingüística al igual que en la mayoría de centros públicos de las Islas. La Justicia considera razonable fijar en un 25% de castellano en las escuelas y que incluya una asignatura troncal y no solo la de lengua castellana. Así, avala el porcentaje que fijó el TSJ de Cataluña, al ejecutar las sentencias del propio Alto Tribunal que desde 2010 vienen reconociendo el uso del castellano como lengua vehicular en las escuelas catalanas. Ese porcentaje fue recurrido por dos padres de alumnos, que solicitaban que se fijara en un 50% y por la Generalitat de Cataluña que entendía que el TSJ, cuando fijó ese criterio, estaba suplantando una potestad que le correspondía a la administración catalana. Mientras el Govern balear permanece impasible ante las demandas de padres por la libre elección de lengua, el Gobierno central pidió la semana pasada que las matrículas en Cataluña vuelvan a realizarse porque no han ofrecido a las familias su derecho a escolarizar a sus hijos en castellano.

Apoyar en change.org