El TSJCM ha dado la razón al sindicato STE en su demanda contra el proyecto 'Abriendo Caminos', que impulsó el ahora secretario de Estado de Educación. La expresidenta de Castilla-La Mancha sigue así acumulando sentencias judiciales contra las medidas que aprobó durante su legislatura

La legislatura en la que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, gobernó en Castilla-La Mancha sigue dando de sí en cuanto a consecuencias judiciales derivadas de sus decisiones. A la anulación de medidas adoptadas en torno a dependencia o funcionarios, entre otras, se suma ahora la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) que da la razón al Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. STE presentó en julio de 2013 una demanda contra la aprobación del Programa 'Abriendo Caminos' por parte de la Consejería de Educación. Aunque ya está inactivo, se convirtió en uno de los proyectos 'estrella' del titular de educación, Marcial Marín, actual secretario de Estado de Educación.

STE acudió a los tribunales ante la puesta en marcha de este programa, que fue aprobado por el gobierno del PP a pesar de la oposición de los centros educativos y sin haber negociado las condiciones laborales del profesorado que lo impartiría.

El programa suponía la oferta de clases de apoyo de las materias de Matemáticas y Lengua a alumnos de 4º de la ESO que no las hubiesen superado y no hubieran titulado en junio. Algunos sindicatos la tacharon de "demagógica y populista, un parche para enmascarar la política de recortes del PP", como la supresión del 20% de la plantilla de profesorado, la masificación de las aulas y la no cobertura de las sustituciones durante el curso.

Casi tres años después, el TSJCM lo anula, argumentando que debió haberse negociado. Pese a que este programa ya no sigue en marcha, el sindicato ha valorado "muy positivamente" esta sentencia ya que ratifica, una vez más, la "vulneración de derechos sindicales que se llevó a cabo por parte del gobierno de Cospedal". Desde el sindicato recuerdan además que Marcial Marín impuso la implantación de este programa a pesar de que en una consulta a los centros educativos cerca del 94% rechazó su participación, acusando a STE de "boicotearlo" en un "patético intento de justificar el rechazo del profesorado".

Ahora la sentencia establece que tanto los horarios del profesorado como los criterios de selección del mismo debieron ser negociados, como establece el artículo 151 de la Ley 4/2011 de 10 de marzo, del Empleo Público. STE considera que esta sentencia muestra una vez más el "talante impositivo" del antiguo gobierno del PP, y recuerda que la asesoría jurídica de Intersindical (que incluye también a STAS) ganó también una sentencia que obligó a Cospedal a readmitir a funcionarios interinos de la Junta despedidos en 2012, por haber vulnerado la negociación colectiva.