Autores del artículo: Grupo ratio legal Hostos

Desde que en 1970 se aprobase la Ley General de Educación, España ya ha sufrido grandes cambios dentro de un sistema educativo que vele, por fín y por sentido común, por los derechos públicos y necesidades educativas de los niños y niñas de este país, que representan el futuro de nuestra sociedad.

En materia educativa, todo lo que ha sido llamado sistema educativo para crear leyes, parece que siempre ha creado controversia:

-La Ley General de Educación, la LODE (1980) , la LOGSE (1990), la LOPEG (1995), la LOCE (2002), la LOE (2006), y la LOMCE, 2013, que nace con una amplísima oposición en grupos políticos, el profesorado y el alumnado (esto es, familias).

Si tras estas 7 leyes educativas tildadas de falta de aceptación por parte de profesorado y alumnos (familias), ¿cómo es posible llamar sistema a un conjunto de medidas que crean bloqueo y oposición entre las partes implicadas, obligando a profesores, familias y otros partidos políticos a justificar su rechazo? Cuando en un sistema alguien está herido, el propio sistema se resiente y trata de buscar su equilibrio. Pero si se crean exclusiones, el sistema enferma.

Aun con una educación ofrecida de corte público que ha sufrido tantos sinsabores en su recorrido democrático, encontramos profesores que insisten en ofrecer lo mejor que saben a nuestros hijos, quienes les recordarán en años futuros por todo cuanto les enseñaron más allá de la asignatura y de las aulas, pese a las circunstancias que envuelven un sistema precario en mejora de calidad, y generoso en medidas de recorte.

Esta realidad más otras acciones defensoras de una Educación Pública nos indica que la educación toma más fuerza que el sentido corporativo de cualquier empresa. La educación, por lo tanto, no es un negocio por el que pujar, es mucho más que una inversión por el futuro de un país. La educación la creamos todos desde que proyectamos el país en el que queremos vivir, y la manera en que transmitimos nuestros valores a nuestros hijos, en nuestra familia y en nuestro trabajo.

En un colegio público de Madrid, Eugenio María de Hostos, un grupo de madres decidimos crear equipo y entregarnos a la acción, tras conocer que, de un año para otro, las reglas del juego con la educación de nuestros hijos e hijas de 3 y 4 años, cambian. Y como es de esperar en estos casos, no para mejor.

Con un número total de 57 alumnos, mas uno de ellos con necesidades educativas especiales, y 3 líneas para el primer ciclo de Infantil que han cursado este año, las medidas para el siguiente nos sorprenden con una línea menos y la reagrupación de alumnos, superando en todo caso la ratio máxima de 25 alumnos por aula (RD 132/2010), ratio ya de por sí desmesurada para estas edades (niños y niñas que necesitan metodología más lúdica y con tiempos de atención diferentes a otras edades, requieren de más cuidados y, siempre, mucha observación personalizada en su expresión de competencias).

De manera ágil, nos subimos las mangas de la camisa y comenzamos a redactar escritos para enviar a las personas responsables de esta decisión: Directora de Área Territorial Madrid Capital, Inspección de Zona, Secretario de Estado de Educación, Dirección General de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, Defensor del Pueblo y Consejería de Educación.

Reclamamos una Educación Pública que se define como laica, inclusiva, gratuita y democrática.

Ciertamente, hemos hecho todo un trabajo expresando nuestro desacuerdo por el incumplimiento de una normativa totalmente estudiada, para conseguir respuestas que, con mayor o menor apremio, vamos recibiendo. (No es fácil acceder a una conversación con quienes son responsables de la Educación de nuestros hijos, ya que la disponibilidad que muestran para atender al diálogo tras su incumplimiento en la normativa es bastante limitada, y se vuelve una tarea de perseverancia en el tiempo por parte de cualquier usuario de los servicios que se ofrecen como a disposición del ciudadano. Y en este caso, los usuarios somos 57 familias).

Al menos podemos decir que hay comunicación. Aunque, de momento, también hay falta de objetivo compartido.

Llegamos a ser tema de interés para los medios: La Ser, otras publicaciones y para los políticos hasta el punto de conseguir reuniones directas con altos responsables de la Educación en nuestra Comunidad, y ser fuente de apoyo para reclamaciones de otros centros escolares en situación de desequilibrio e irregularidad debido al incumplimiento de las ratios establecidas por el mencionado Real Decreto.

No sabemos dónde nos llevará esta reivindicación de derechos. Pero lo que sí tenemos claro es que queremos conversaciones directas y abiertas con políticos y cargos responsables, por un mismo fin que deberíamos, a nuestro criterio, compartir entre todo este sistema creado. Y es ofrecer el mejor de los regalos que todo niño pueda tener: una educación envuelta en las mejores condiciones. Es lo único que no les convertirá en esclavos.

Y si queréis saber cómo sigue, podéis formar parte de esta historia (real como la vida misma):
mail: ratiolegalhostos@gmail.com Twitter: @RatioLegal