"La conciencia, esa gran desconocida y, paradójicamente, tan presente en nosotros como ausente en el mundo"
(Amador Martos)

ACOSO, PLAGIO O AGRESIÓN SEXUAL: ASÍ SE 'COMPRA' EL SILENCIO EN LA UNIVERSIDAD

meditación

Las relaciones de poder en una institución fuertemente jerarquizada y con un sistema de justicia independiente tienden a acallar los problemas. En la Universidad reina una ley del silencio no escrita. La autonomía universitaria ha arbitrado un sistema destinado a salvaguardar intramuros los asuntos académicos, algunos de los cuales forman un inquietante relato de plagios, acoso, represalias, contrataciones irregulares e incluso de abusos sexuales. Todos ellos reciben una respuesta entre callada y tibia por parte la comunidad universitaria.

La práctica totalidad de los 50 miembros del Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) también enmudecieron ante las evidencias de plagio de su rector. Un retrato fiel del peso de las estructuras de poder en unas instituciones jerarquizadas, donde la clave para hacer carrera pasa por callar mucho y hablar poco.

Un portavoz de la Asociación para la Transparencia Universitaria (ATU) describe un sistema de "vasallaje absoluto" que subsiste a golpe de complicidad y connivencia, y en el que los equipos rectorales utilizan los favores, el reparto de poder y los recursos para fidelizar y contentar a sus afines. Es la madre del cordero. Todos proceden de ese modelo de funcionamiento y nadie quiere cambiarlo, aunque haya hecho de la Universidad, en palabras de esta organización, "la institución menos democrática que existe".

MIEDO A LAS REPRESALIAS

Pocos se atreven a denunciar abusos que, en ocasiones, llegan a ser delitos. Primero, por el coste personal que supone dar este paso, a riesgo de sufrir represalias o aislamiento, o de ser demonizados, no sólo en la propia universidad sino en cualquiera a la que quisieran llegar con el cartel de "folloneros". Segundo, por el coste económico: si un trabajador decide llevar su caso a la justicia debe asumir las costas del proceso, mientras que la Universidad carga sus servicios jurídicos a los fondos públicos. Y tercero, por las escasas expectativas de éxito.

"Es verdad que cada vez hay más denuncias, pero las universidades tienen una relación muy estrecha con el ámbito judicial, los magistrados son con frecuencia profesores universitarios y para que actúen tiene que tratarse de algo muy flagrante que les deje en evidencia. Hay un maridaje difícil de romper", asegura el portavoz de ATU.

Su organización ha recibido ya centenares de denuncias de plagio, acoso laboral, contrataciones irregulares, gastos sin control y otros abusos que, en buena parte, derivan de una autonomía universitaria mal entendida. El catedrático de la Universidad de Salamanca y ex secretario de Estado de Universidades Miguel Ángel Quintanilla asegura, sin embargo, que hay recursos institucionales para combatir estas desviaciones, y que las universidades tienen la obligación de asumir responsabilidades cuando estas cosas suceden. "La autonomía universitaria es básica, pero para que funcione hay que mantener en vigor las adecuadas prácticas académicas", advierte.

El hecho de que cada centro tenga un nivel de autonomía, independencia, autorregulación y protección interna se considera intrínseco y natural al origen mismo de las instituciones académicas. El problema surge cuando se hace un uso indebido de esa autonomía al servicio de intereses personales.

LA UNIVERSIDAD COMO REFERENTE SOCIAL

Pello Salaburu, catedrático y ex rector de la Universidad del País Vasco, asegura ser incapaz de entender cómo la Universidad no se ha levantado contra un plagio evidente como el del rector de la Rey Juan Carlos. "No sé si existe un pacto de silencio, miedo o intereses personales, pero algo así no se puede permitir, porque afecta a la Universidad, a los profesores, a los alumnos y a toda la comunidad académica. Es una absoluta indecencia", afirma.

Sí puede entender que personas que empiezan su carrera académica teman intervenir por si repercute en su futuro, pero en modo alguno que haya catedráticos bien establecidos que lo consientan. Salaburu llama la atención sobre un aspecto que a nadie se le escapa: la Universidad debe ser un referente social. "Debemos demostrar ética y comportarnos de acuerdo a unas normas básicas, porque somos un ejemplo", advierte.

Salvo en casos contados en los que los desmanes universitarios trascienden sus fronteras, el campus tiene su propia justicia, un sistema que trata de asegurar la normalidad y trabaja para evitar que los escándalos minen el prestigio de todo el conjunto.

UN SISTEMA DE JUSTICIA BLINDADO AL EXTERIOR

Las figuras de los defensores universitarios y de los servicios de inspección han emergido en los últimos años para tratar de garantizar los derechos, libertades y obligaciones de estudiantes y trabajadores desde la independencia que les permite el hecho de ser nombrados, en la mayor parte de los casos, a propuesta de los rectores y de tener que elevar ante ellos las quejas que reciben.

Aunque no se dispone de cifras conjuntas del número y tipo de acciones que realizan los defensores universitarios, cada uno de ellos publica una memoria anual que ilustra su trabajo. La Universidad Complutense de Madrid tramitó en el curso 2014-2015 un total de 703 expedientes, de los cuales 609 corresponden a estudiantes. Los profesores presentaron 13 reclamaciones relativas a "problemas con los alumnos", 10 a concursos de plazas docentes, seis por programas de doctorado y cinco por "organización académica". Hay otros tres por acoso y un caso de jubilación.

En el curso 2015-2016, la oficina del defensor de la URJC realizó 369 actuaciones, de las cuales 333 provenían de alumnos y 38 de profesores, aunque no especifica su número exacto y sólo apunta que se refieren a la evaluación de las asignaturas, al comportamiento de los estudiantes y, sí, a copia y plagio. La Universidad de Sevilla realizó, por su parte, 555 intervenciones, entre ellas 434 de estudiantes, 98 de PDI y 16 de PAS.

EL DEFENSOR UNIVERSITARIO: AUTORIDAD MORAL

El procedimiento que esencialmente siguen los defensores consiste en mediar con la autoridad, o bien orientar al afectado para que presente una denuncia. Pero, ¿qué sucede cuando la reclamación se refiere al rector? "Lo que puede hacer el defensor es ir a verlo y buscar una solución, el paso siguiente sería ir a los tribunales", señala el presidente de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios, José Manuel Palazón, quien recuerda la obligación de trasladar al fiscal las denuncias de actos que puedan ser delito.

Los defensores pueden recabar información y, en su caso, abrir un expediente interno disciplinario. Para ello, se nombra a un instructor, que en algunas universidades será la inspección de servicios y en otras una persona nombrada por el rector. Y si el asunto va al juzgado, se paraliza el expediente hasta que haya juicio. Si la lentitud de la justicia demora la sentencia, la universidad podría tomar medidas de precaución. Y si la sentencia no implica condena penal pero prueba una actuación deshonesta, cabría volver a abrir el expediente, que tendría consecuencias administrativas.

¿Puede confiar la comunidad universitaria en una figura nombrada por el rector o por su equipo? "El defensor tiene autoridad moral, no tenemos la autoridad ejecutiva. La moral te la tienen que reconocer y se va ganando con la confidencialidad", explica Palazón, quien destaca que "este cargo, sin independencia, no sirve". ¿Y pueden los defensores garantizar a los denunciantes que no habrá represalias? "Intentamos defender al máximo", reconoce, "pero a veces es difícil asegurar que no va a pasar nada".

SERVICIOS DE INSPECCIÓN: EL RECTOR DECIDE

Otro de los mecanismos para solucionar los problemas internos en el campus pasa por los servicios de inspección. En el conjunto del sistema universitario hay 19 instituciones que cuentan con este departamento. En otros casos, las funciones pueden corresponder a un Vicerrectorado de seguimiento docente o a una gerencia de funcionamiento de servicios.

El inspector jefe es nombrado por el rector y el resto del equipo está formado por funcionarios de la universidad. Así ocurre en la UCM, donde la inspección de servicios tiene dos áreas de trabajo: una de seguimiento docente y una disciplinaria. Al contrario de lo que sucede con los estudiantes, entre los que se realizan encuestas anónimas para pulsar el funcionamiento de la universidad, el seguimiento entre los docentes se realiza a través de los jefes de personal de los centros, que se encargan de trasladar, en su caso, los incumplimientos al área disciplinaria, que procederá a estudiar la situación y decidir si debe abrir expediente.

Se hace una investigación previa, recaban la información preliminar y se elabora un informe si existe una infracción administrativa. El siguiente paso es comunicarlo al vicerrector, que tiene delegadas las competencias, y abrir expediente. Para ello, se nombra a un instructor que propone, si procede, una sanción que será elevada al rector para que decida si la acepta.

La decisión última está, otra vez, en manos del rector. Y nuevamente, ¿qué sucede si es el rector el implicado en una denuncia? "Lógicamente, genera un problema para la instrucción, porque se da la paradoja de que quien incumple tiene la potestad sancionadora", sostiene la inspectora jefe de la UCM, Rosa Galán, quien defiende la independencia de su cargo: "Hasta ahora no he recibido ninguna presión de nadie, y mi criterio es el que sirve", afirma