LA EVALUACIÓN EDUCATIVA: UNA MEDIDA DE CONTROL
Un artículo de Rosa Cañadell, psicóloga, profesora y exportavoz de USTEC-STEs.
Últimamente hemos asistido a una especie de tormenta mediática en el que, desde diferentes instancias, se ha puesto sobre la mesa la "necesidad" de evaluar al profesorado y de incentivar económicamente sus resultados. La OCDE "reprocha" a España la falta de evaluaciones al profesorado, el Sr. Marina proclama la "necesidad" de premiar a los "buenos profesores", los medios de comunicación se hacen eco del "problema" y aparecen artículos y debates en torno al tema… Al mismo tiempo, parece ser que ahora el Departament d’Ensenyament [de Catalunya] está preparando el Decreto que desarrollará la última pata de la LEC: el Decreto de Evaluación. Todo ello, mucha casualidad.
No deja de ser curioso que, tras recortes desmesurados a la educación pública, reducciones drásticas de salario al profesorado, aumento de horas lectivas y del número de alumnos por aula, falta de becas, aumento de la pobreza infantil... y unos presupuestos educativos que nos dejan en la cola de los países europeos, el problema más importante que tiene ahora la educación en nuestro país sea "la evaluación del profesorado". O, dicho de otra manera, la educación no funciona porque no se controla y no se incentiva el trabajo del profesorado.
En realidad, lo que está pasando, es la consecuencia de la entrada del neoliberalismo en la educación, que tiene como objetivo poner la educación al servicio de las empresas y del capital.
Este modelo parte de la base que la educación es un bien individual y su valor es básicamente económico y, por tanto, debe estar sujeto a las leyes del mercado como cualquier otra mercancía. La educación, así entendida, pasa a estar al servicio de la economía en su doble vertiente: por un lado, debe ser "rentable", o sea privatizada para que sea susceptible de negocio privado y por el otro, debe estar "adaptada" a las necesidades de las empresas, a sus valores y a su ideología. Así pues, se debe asegurar que los valores y contenidos que se imparten son los que el sistema necesita: Individualismo, competitividad, flexibilidad, sumisión, emprendimiento, competencias básicas, educación financiera ...
Pero para poder hacer esto es necesario cambiar el sistema y tener el profesorado bien controlado para que imparta lo que se le ha encomendado. Este control tiene tres patas, que son las básicas, tanto en la LEC como en la LOMCE: el Decreto de direcciones, el Decreto de plantillas o de acceso al puesto de trabajo y el Decreto de Evaluación.
La evaluación se vende como una forma de aumentar la calidad educativa y de incentivar a los "buenos" docentes, pero, en realidad, la evaluación por sí misma no aumenta la calidad, sino que constata los resultados escolares, y básicamente, sirve para clasificar el alumnado, los centros y ahora también el profesorado a la vez que es uno de los mecanismos para controlar el trabajo en las aulas.
La evaluación externa del alumnado
Actualmente, hay ya diferentes evaluaciones externas a los alumnos. Unas no tienen repercusión a la hora de pasar de curso o de etapa y otras, como las reválidas de la LOMCE, inciden a la hora acceder o no a etapas superiores. Pero, en general, las evaluaciones externas no tienen incidencia en la mejora de la educación y, en cambio, sí tienen muchas consecuencias negativas:
• Restan autoridad a la labor del profesorado. Es una degradación de su trabajo y una falta de confianza en sus capacidades de evaluar al alumnado, cuando, en realidad, el profesorado es el que mejor conoce la marcha de su alumnado y puede hacer una evaluación continua sobre su progreso.
• Tienen poca fiabilidad, ya que se realizan en un solo día. Favorecen el estrés del alumnado y abocan a la marginación y exclusión a los que tienen más dificultades, ya que no se tiene en cuenta ni su evolución ni su esfuerzo.
• Fomentan que sólo accedan a los estudios superiores "los mejores".
• Clasifican el alumnado y los centros poniendo la educación dentro de las reglas del "mercado" para que las familias puedan ejercer su "derecho de elección"
• Orientan el proceso educativo hacia una concepción que iguala la educación al exclusivo criterio del "rendimiento académico" y, al mismo tiempo, imposibilitan que el profesorado pueda trabajar contenidos alternativos y valores distintos a los estipulados.
• Estimulan la competitividad entre el alumnado, los centros y el propio profesorado, cuando lo que realmente se necesita en la tarea educativa, es la cooperación y el trabajo en equipo.
• Obligan el profesorado y alumnado a dedicar tiempo, esfuerzos y recursos a preparar y realizar las reiteradas evaluaciones.
• Se desvían una gran cantidad de recursos económicos que van a parar a las diferentes Agencias de Evaluación que son, mayoritariamente, privadas.
La evaluación del profesorado a partir de los resultados del alumnado
Este es el último "invento" para terminar de reforzar el control del profesorado. Se trata de lo que se denomina "Pago por rendimiento" o "Incentivos por resultados" y es un intento de ligar la promoción laboral y económica del profesorado a los resultados del alumnado.
Es una medida totalmente perversa que, además, ha dado resultados muy negativos en los lugares donde ya se ha implementado (EEUU, Reino Unido ...). Todos los estudios indican que los resultados del alumnado dependen de un gran número de factores: la posición económica de los padres; el nivel de estudios de los padres, sobre todo de la madre; el clima familiar y su interés por los estudios de los hijos o hijas; los problemas, carencias psíquicas o de intereses de los chicos y chicas; el clima y la organización del centro; el resto del profesorado; los recursos materiales disponibles; y muchas otras cosas. Por lo tanto, atar la valoración del profesorado a los resultados escolares del alumnado es una cuestión totalmente injusta. Quien tenga la suerte de estar en un centro bien equipado, con un buen clima, con suficientes recursos y con alumnado privilegiado (cultural, económica y psicológicamente) sacará "buenas notas" en su evaluación. Y quien, por el contrario, tenga alumnado con dificultades, (sociales, económicas, culturales, personales) o trabaje en un centro sin recursos y con un mal clima, sacará "malas notas" y, encima, cobrará menos. ¿Alguien cree que tiene algún sentido? ¿Alguien cree que esto mejorará la educación?
Todo ello, sólo sirve para reducir la libertad de cátedra y asegurar que el profesorado orientará su docencia hacia lo que evaluarán las pruebas del alumnado. Finalmente, pues, quien decidirá lo que se trabaja en las aulas serán las diferentes Agencias de Evaluación. ¿Qué profesorado se atreverá a hablar de los refugiados o de la violencia de género, si de los resultados de su alumnado depende su salario, su promoción, o incluso, su lugar de trabajo? ¿De qué servirá hacer “Proyectos singulares” si, finalmente, todo el alumnado es evaluado por unas pruebas Standard diseñadas al margen de todo el proceso del aula?
Es necesario, pues, una oposición firme ante este sistema de evaluación. Hay que hacer un trabajo importante de pedagogía hacía las familias para explicarles el significado y las consecuencias de todo ello. Es necesario, por último, una resistencia activa por parte de los centros, las familias y el profesorado. Es necesario, también, buscar nuevos mecanismos de evaluación compartida y de autoevaluación, tanto del alumnado, como de los centros y los profesores. Una evaluación que sirva para detectar problemas y buscar soluciones, y no una evaluación que clasifique, margine y oriente toda la tarea educativa.